POR PEDRO GERMOSEN
El presidente Hipólito Mejía sometió ayer al Senado un proyecto de ley que crea el Consejo Económico y Social (CES), cuyo objetivo es garantizar la participación organizada de las fuerzas económicas, sociales y laborales en la adopción de políticas públicas.

«Una de las preocupaciones de este gobierno ha sido privilegiar el diálogo social y la concertación, para tratar de resolver los problemas nacionales», expresa el mandatario en el mensaje anexo al proyecto.

«El CES es una institución permanente de diálogo y concertación social y de asesoría, en el ámbito de su competencia, de los poderes Ejecutivo y Legislativo», precisa el artículo primero de la pieza.

«Es un órgano o ente público no estatal con personería jurídica propia, de máxima desconcentración, que goza de autonomía administrativa, funcional y de gobierno, y de plena capacidad para el cumplimiento de sus fines», agrega.

Compete al CES, a solicitud de los poderes Ejecutivo y Legislativo o por propia iniciativa, dictaminar sobre todas las propuestas de los citados poderes que regulen materias económicas o socio-laborales, así como los proyectos de decretos que resulten de especial trascendencia en la regulación de diferentes materias, señala el proyecto.

Entre éstas cita el empleo y las nuevas formas de organización del trabajo, salario e ingresos, inversiones productivas, protección de los trabajadores, seguridad e higiene en el trabajo, competitividad y productividad.

Asimismo, participación ciudadana, materia fiscal, comercio exterior e integración regional, educación, conservación y fomento del patrimonio público cultural nacional, salud, transporte y comunicaciones, vivienda y desarrollo regional.

El pleno del CES, dispone el artículo tercero, estará integrado por el presidente y 24 consejeros, divididos en tres grupos.

Entre éstos figuran representantes de los sectores trabajador, empleador, industrias y empresarios.