BUENOS AIRES (AFP).- Una decena de ex funcionarios ya admitió que se pagaron elevados salarios secretos con fondos reservados a altos miembros del gobierno de Carlos Menem (1989-99), cuya administración estuvo salpicada por numerosas denuncias de corrupción.

A la catarata de ‘arrepentidos’ se sumó este miércoles Pablo De Santis, quien dijo que el actual presidente del Banco Central, Martín Redrado, entonces titular de la Comisión de Valores (reguladora bursátil), recibía «46.000 pesos (en aquel entonces igual en dólares) mensuales».

En declaraciones a radio Continental, De Santis, quien trabajó junto a Redrado entre 1991 y 1999 dijo haber asentado cada operación «en un cuaderno de almacenero» que llevaba un empleado del ministerio de Economía.

El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, sostuvo este miércoles que además de una «sanción penal» para los ministros, secretarios y funcionarios de Menem que hayan cobrado los llamados ‘sobresueldos’, también debe haber «una sanción moral» y prometió difundir la nómina de los «pícaros» que los percibieron.

«Tiene que haber un conocimiento de la gente que cobraba, si es como se dice en los medios: diez veces más de sobresueldos que de sueldo (oficial)», declaró el ministro a radio Mitre.

Rosatti dijo que «el circuito de impunidad no se va a terminar sólo con la sanción penal, sino básicamente con el recupero del dinero que pudo haber sido mal pagado, si es que hay una condena penal».

La investigación del escándalo recibió en los últimos días un fuerte impulso a raíz de una denuncia hecha desde la prisión por María Julia Alsogaray, una estrecha colaboradora de Menem que ocupó varios altos cargos en ese período, y a ella se sumaron luego varios ex funcionarios.

El diputado del gobernante peronista Humberto Roggero aseguró el miércoles que el Congreso «va a derogar» la ley secreta 18.302 firmada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía (1966-1970), a la que se recurrió para el pago de sobresueldos con fondos reservados del Estado.

Presa por varias causas de corrupción y abandonada por sus antiguos colegas, Alsogaray denunció que durante el decenio de gobierno de Menem los ministros cobraban hasta 100.000 pesos (por entonces igual suma en dólares) y los secretarios de Estado unos 30.000 pesos.

El dinero provenía de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y del organismo de seguridad social de los jubilados, que maneja uno de los mayores presupuestos del país, según las denuncias judiciales.

El juez federal Jorge Ballestero ordenó los interrogatorios de los ex ministros de Economía, Domingo Cavallo; de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, y de Defensa, Oscar Camilión.

Menem, Cavallo y Camilión ya estuvieron presos por otro sonado escándalo en la década anterior, el de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, cuya investigación continúa un juez federal.

El ex presidente argentino Eduardo Duhalde (2002-mediados 2003), actual titular de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, negó de su lado que cuando fue vicepresidente durante un año al inicio del gobierno de Menem se hayan pagado salarios en forma secreta.

En tanto, el ex mandatario Fernando de la Rúa (1999-2001) desestimó que en su gestión se hayan abonado salarios secretos a sus funcionarios.

De la Rúa, quien abandonó el puesto a bordo de un helicóptero a finales de 2001 en medio de una revuelta popular que dejó 30 muertos, consideró que «el que acepta un cargo tiene el honor de ejercerlo y se la aguanta».

El martes, un antiguo asesor del ex ministro Cavallo se sumó a las denuncias y confesó que durante el gobierno de Menem ministros y colaboradores cobraban «suculentos» y «arbitrarios» sobresueldos secretos.

Enrique N’Haux acaba de publicar el libro ‘Maquiavelo no conoció a los argentinos’, en el que relata en forma novelada cómo se procedía en la cartera económica para hacer efectivo el pago.

Los personajes y las situaciones que aparecen en el libro están basados en la realidad, dijo a la prensa.