Crece incertidumbre Argentina por imposibilidad de pago deuda

El jefe de Gabinete Jorge Capitanish habla sobre los “fondos buitres” durante una ceremonia celebrada el 17 de junio del 2014

Buenos Aires. EFE. El anuncio de Argentina sobre la imposibilidad de pagar la deuda reestructurada en Nueva York a finales de junio, como estaba previsto, aumentó ayer los temores a que el país caiga en una nueva suspensión de pagos.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, acusó ayer al juez estadounidense Thomas Griesa, de “parcialidad” y de querer “fulminar” la reestructuración de la deuda que el país hizo con la gran mayoría de sus acreedores después del cese de pagos de 2001. Capitanich habló así un día después de que una Corte de Apelaciones de EE.UU. dejara sin efecto una medida cautelar que hasta ayer mantenía en suspenso la ejecución de un pago millonario a fondos de inversión ordenado por Griesa.

Ayer el jefe del Gabinete dijo, en respuesta a unos supuestos comentarios del juez estadounidense, que “la voluntad de pago de Argentina no puede ser puesta en duda ni por Griesa ni por nadie”. Sin embargo, el Ministerio argentino de Economía advirtió en la víspera de que la decisión de la Corte de Apelaciones “impide a la Argentina efectuar el próximo 30 de junio el pago de los cupones de deuda en cumplimiento a sus acreedores reestructurados a menos que, en simultáneo, pague la totalidad de lo reclamado por los fondos buitres”.

La decisión tomada este miércoles por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, en la práctica, abre la puerta a la ejecución de la sentencia dictada por Griesa en favor de los fondos demandantes, que obliga a Argentina a pagar US 1,300 millones más intereses, lo que significa un total de 1,500 millones.

Este nuevo escenario complica aún más la situación de Argentina, que analiza sus opciones para evitar caer en un “default” (suspensión de pagos) técnico. El juez Griesa, que se reunió este miércoles en Nueva York con los abogados de Argentina, los convocó para la próxima semana a un nuevo encuentro con los fondos de inversión demandantes, en el que los representantes del país sudamericano deberían hacer una propuesta para negociar el pago.

Capitanich dijo hoy que, por el momento, no viajará una delegación argentina a Nueva York para reunirse con el magistrado. Además el jefe de Gabinete se refirió a las filtraciones recogidas por medios locales sobre los comentarios de Griesa tras la reunión del miércoles, que no han contribuido a suavizar el clima de tensión. Según estas versiones, además de expresar sus dudas sobre la capacidad de pago de Argentina, Griesa habría manifestado do su malestar por un discurso de la presidenta argentina, Cristina Fernández, en el que advirtió que una cosa es tener voluntad de negociación y otra estar sometido a una “extorsión”.

El jefe de Gabinete dijo ayer que “cuando un juez promueve tamaña parcialidad entre las partes, no es equitativo”. “Si la justicia es equilibrio, el juez (Thomas) Griesa promueve profundamente el desequilibrio y eso no es justicia”, insistió el funcionario en su rueda de prensa diaria.

Además, para el Gobierno, la eliminación de la medida cautelar que evitaba un embargo de bienes argentinos “promueve un sistema donde los fondos buitre tienen un incentivo a ejecutar la medida y no negociar”, subrayó.

A su juicio, esta decisión “confirma la verdadera intencionalidad” de “fulminar” el proceso de reestructuración de la deuda argentina tras la crisis económica de 2001, porque “altera todas las condiciones de reestructuración”.

El litigio en EE.UU. ha convertido el tema de la deuda en una cuestión de Estado en Argentina y, salvo excepciones, los principales líderes políticos, y los que tienen más posibilidades de suceder a Fernández en la Casa Rosada, han coincidido en la necesidad de “cerrar filas” con el Gobierno en la defensa de los intereses del país.

Argentina arrastra desde hace décadas un grave problema con la deuda que se agudizó tras el crack económico y social de 2001.

En 2005 y 2010 reestructuró su deuda con canjes que lograron más de un 92 % de adhesión, con importantes quitas en los montos originales, aunque parte del resto de acreedores vendió sus bonos a fondos especulativos que ahora reclaman el pago íntegro de las cantidades originalmente adeudadas.