En el recién pasado período de  Navidad y Año Nuevo  en que  acostumbramos a compartir en diferentes actividades, cualquier tema pudo faltar, menos el referente al de la presencia de miles de haitianos ilegales en todo el territorio nacional.

La preocupación aumenta porque  no se nota el interés de  las autoridades en cuanto al establecimiento de reglamentaciones claras. La gente piensa que en las fronteras no hay controles efectivos ni mucho menos la intención oficial de corregir lo que se está convirtiendo en un problema cada vez más grande.

La situación en Haití no parece haber llegado al inicio del fin de sus penurias. A pesar de  la comunidad internacional, todo parece indicar que luego del terremoto cada día se agravan las cosas tanto lo económico,  salud y ahora con el detonante político que podría acarrear males peores.

Mientras más problemas ocurran en el vecino país, mayor es la tentación de cruzar la frontera buscando  un lugar donde mejorar sus condiciones de vida. Y esa es una realidad que no se puede ignorar ni ocultar.

Porque el país está a solo unos pasos de una  frontera que no se puede trasladar, y las autoridades no han mostrado la voluntad de establecer mecanismos migratorios definidos que impidan el creciente ingreso de forma ilegal.

Pero igualmente crece la vigilancia internacional.  Con líderes importantes  que al parecer tampoco encuentran fórmulas  de brindarle soluciones al caso haitiano al margen de nuestro país, y eso  hay que tomarlo en cuenta.

Como sugiere el Cardenal, cualquier medida en este caso hay que estudiarla con cuidado, pero lo importante es comenzar a buscarle soluciones de manera conjunta, antes de que la desesperación conduzca a acciones que luego habría que lamentar.

Luego de las informaciones de que en varios puntos del país,  Juntas de Vecinos han tomado decisiones de desalojar a ciudadanos haitianos que de alguna forma han buscado refugio  en esos lugares, la preocupación debería llegar hasta las más altas instancias.

La  presencia de haitianos indocumentados en nuestro país no es responsabilidad absoluta de Haití, sino también de las autoridades dominicanas, y ellas tienen que llevar a cabo acciones capaces de establecer controles y a la vez convencer a la comunidad internacional.

El  gobierno que tantos  diálogos ha realizado para  asuntos que considera convenientes, debería convocar urgentemente a todos los organismos que tienen incidencia en el tema, con la presencia de expertos de organismos internacionales, a fin de darle inicio a un  sistema migratorio en el que se comprometan todos, incluyendo el vecino país.

El tema  es complicado y  obliga a nuevos artículos.

Y para comprender su   complejidad, tiempo atrás un experto internacional escribió: “Empresas dominicanas estimularon el proceso  migratorio masivo, contratando anualmente decenas de miles de  haitianos para que fuesen a sus ingenios y otras actividades agrícolas. Muchos  se quedaron ilegalmente bajo la protección empresarial y oficial  y probablemente les enseñaron  a otros cómo hacerlo”.