Los feminicidios acaecidos anualmente en el país arrojan a niños y adolescentes a destinos inciertos a cargo de particulares actuando como improvisados padres sustitutos; un socorro sin rigor porque el amparo que debe proceder del Estado, si es que existe, es insuficiente en método y recursos contra el avance ensañado y atroz de contrapartes masculinas. 60 huérfanos en el 2022 y 4 en las dos primeras semanas de este año. Un estudio cualitativo de la fundación Vida sin Violencia ubicó recientemente a 258 menores que tras perder progenitores podrían convertirse en carga para la sociedad o en sus agresores por falta de formación en valores mientras crecen sumidos en precariedades materiales. La apreciación completa de una verdadera calamidad social vigente en provincias críticas amerita una inmediata respuesta de instituciones públicas y de las privadas de reconocida vocación de servicio. Otras desventuradas víctimas de la violencia pasan por un riesgoso interregno de meses en lo que se les logra cupos en algún programa asistencial.

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Comprobado in situ que muchos niños despojados trágicamente de familias no asisten a escuelas o no reciben en los planteles un trato adecuado a sus traumáticas experiencias a corta edad; además de que el sistema escolar expulsa a las huérfanas embarazadas que en su sombría e indefensa existencia son objeto de violaciones sexuales por adultos. La vida se les niega por todos lados.La propaganda electoral que describe un país mejor, está desmentida.