LA PAZ (AFP).- La oposición de derecha, reforzada por empresarios y un influyente grupo civil de la provincia boliviana de Santa Cruz, intenta acorralar con huelgas de hambre y otras presiones al presidente Evo Morales, a quien acusa de hacer una política “dictatorial” y de haber tomado un control ilegítimo en la Asamblea Constituyente.

El Comité Pro Santa Cruz (CPSCZ), una influyente organización civil vinculada al poderoso empresariado de oriente, llamó el jueves a la resistencia civil en protesta a la decisión tomada en la Constituyente de aprobar las normas con 50%+1 de los votos, es decir la mayoría que ejerce el MAS, partido de Morales en la Asamblea.

Esto permitiría que la nueva Constitución se haga a la medida de Morales y con la prescindencia de la oposición, que exige que el mecanismo de aprobación de la nueva Carta Magna, que debe escribir la Asamblea, sea de dos tercios.

El malestar se extiende a un proyecto presidencial para fiscalizar a gobernadores de las 9 regiones bolivianas que provocó que seis de ellos se declaren en rebeldía, y también a modificaciones “arbitrarias” en la ley de tierras.

En solicitada pública, el CPSCZ convocó “a la movilización y resistencia civil en defensa al respeto a los dos tercios” y a una huelga de hambre “en defensa de la democracia”.

Este viernes, un grupo de 50 mujeres vinculado a esa organización civil se declaró en huelga en Santa Cruz y se sumó a la medida de fuerza que 150 personas cumplen desde hace 9 días en seis ciudades, encabezadas por el ex candidato presidencial Samuel Doria Medina.

El senador oficialista Antonio Peredo calificó la manifestación de “acción sediciosa” y dijo que el CPSCZ busca desestabilizar al gobierno y al país.

El presidente del CPSCZ, Germán Antelo, anunció para el lunes en Cochabamba un cónclave con los gobernadores de seis de los nueve departamentos, donde se decidiría un “paro nacional” contra Morales.

La presión del ente civil de Santa Cruz ahondaba la crisis disparada por la decisión de Podemos, principal fuerza de oposición del ex presidente conservador Jorge Quiroga, que el martes dejó sin quórum el Senado, bajo su control, al ordenar el retiro de sus 13 representantes.

Esta medida frenó en seco la consideración de la ley de tierras, una reformulación presupuestaria y la autorización de un viaje de Morales a Holanda, Nigeria y Cuba.

A pesar de eso el mandatario emprenderá la gira este mismo sábado utilizando una estrategia: como el permiso es requerido para ausencias del país de más de cinco días, dividió la gira en dos partes, de manera que irá primero a Holanda, regresará a La Paz, y de inmediato se marchará a Nigeria para acabar en Cuba.

El mandatario también advirtió que no dará marcha atrás en las transformaciones sociales y políticas que acomete.

“¿Cómo podemos negociar el latifundio?, es como negociar el cambio de la Constitución que está en manos de la Asamblea Constituyente ¿Cómo podemos negociar no fiscalización (a los gobernadores)? Esas cosas no se negocian, no se negocia la corrupción”, apuntó Morales.

Con relación al cierre del Senado, opinó que “eso es inconstitucional, eso es autoritarismo, eso es una dictadura”.

Morales consideró que las futuras negociaciones con los diferentes sectores en conflicto estará basada “en el marco de la legalidad” porque con el desacato civil que enarbola Santa Cruz “no tenemos nada que negociar”.

Los forcejeos tenían lugar un día antes de que la oposición y el vicepresidente Alvaro García reanuden una negociación, cuyo primer episodio concluyó el jueves tras un “diálogo fructífero”, de acuerdo con el dignatario.

Podemos condicionó el restablecimiento de las funciones del Senado, a que el MAS retroceda en su política “dictatorial” de imponer el mecanismo de votación en la Constituyente.

“Estoy seguro de que se puede alcanzar un consenso. Hay razones valederas para pensar que se puede alcanzar un consenso” sobre la ley de tierras, siempre y cuando el mandatario revea su actitud de “avasallamiento” de la Constituyente, dijo el diputado opositor Fernando Messmer.

Por su parte, el oficialista presidente del Senado, Santos Ramírez, dijo que so pretexto del sistema de votación “se pretende dispersar y hacer ver aquí que el problema de la ley de tierras no es un problema central”.