LA PAZ (EFE).- Grupos de manifestantes mantienen cortadas las principales carreteras de Bolivia, mientras se cumple el segundo día de huelga contra una multinacional en la ciudad occidental de El Alto, seguida de forma parcial por los ciudadanos.

Las protestas responden a reclamos sectoriales o regionales para lograr del Ejecutivo y del Congreso la instalación de una Asamblea Constituyente y la aprobación de una reforma petrolera que ofrezca beneficios a los sectores en conflicto, entre otras cuestiones.

En El Alto, la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) interrumpió sus actividades por segundo día consecutivo en demanda de la expulsión inmediata de la empresa multinacional Suez, responsable del agua y el alcantarillado de esa localidad y de la vecina La Paz, a través de su filial Aguas del Illimani.

Al igual que el miércoles, la huelga tuvo un seguimiento parcial, porque muchos ciudadanos y conductores del transporte público salieron a las calles a trabajar.

Se trata de un panorama muy distinto al vivido en esa urbe en enero pasado, cuando una medida de presión similar, pero con mayor respaldo popular, obligó al Ejecutivo a romper el contrato con la trasnacional francesa.

Para poner fin al acuerdo entre Suez y el Estado boliviano, las autoridades proponen la realización de una auditoría, una medida considerada «insuficiente» por los dirigentes vecinales, que exigen la intervención inmediata de la compañía.

«Como Estado tenemos la obligación de precautelar que se mantenga el servicio de agua y su calidad», dijo hoy a EFE el director de Prevención de Conflictos del Ministerio de Gobierno (Interior), Gregorio Lanza, quien abogó por un «proceso ordenado de trasferencia (del servicio) a otro operador».

Lanza recordó además que, en la solución del conflicto, deben participar los alcaldes y los vecinos de La Paz y El Alto, y no solamente la FEJUVE alteña.

Mientras, vecinos y estudiantes de la universidad pública local protagonizaron un choque con los policías que custodian la vía entre el aeropuerto internacional y la carretera de 12 kilómetros que la une con la sede de Gobierno, la única zona controlada por las fuerzas del orden.

Al margen de este incidente, que ocasionó heridas leves en algunos de los dos centenares de manifestantes, el resto de la ciudad permaneció tranquila, aunque se mantuvieron los bloqueos en las rutas hacia el lago Titicaca y la frontera con Perú y hacia Oruro, por la vía troncal.

Según Lanza, estas acciones no aislan a la ciudad, que es además la principal salida de La Paz al resto de Bolivia, pues los pasajeros usan métodos como el «transbordo de vehículos» y «vías alternativas».

El Gobierno logró el jueves la suspensión de una protesta en la localidad de Lahuachaca, en el tramo La Paz-Oruro, tras satisfacer el reclamo de los pobladores de la zona de crear un centro educativo, y permitió el paso de centenares de vehículos.

Sin embargo, siguen los cortes en la región tropical del Chapare y en Yapacaní, en Santa Cruz, en el este boliviano.

En la región cruceña, la capital del mismo nombre carece de salida hacia el departamento del Beni, en el norte amazónico, por un bloqueo en la población de Pailón, y hacia Argentina, por la acción de los manifestantes en la localidad de Camiri.

El paro de los vecinos de Camiri, que buscan que el Parlamento establezca una sede regional de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, impide el normal abastecimiento de gasóleo del país vecino.

La respuesta del pedido camireño corresponde al Legislativo, donde el presidente Carlos Mesa carece de representación por su origen independiente.

En los departamentos sureños de Potosí y Chuquisaca existen también carreteras cortadas por motivos parecidos.

«El país está funcionando en emergencia desde octubre de 2003, con tensiones, marchas, bloqueos», señaló a EFE Lanza, en alusión a las consecuencias de la revuelta popular que obligó a dimitir al anterior presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003).

Según el funcionario, las protestas «no estrangulan», sin embargo, «el funcionamiento de la economía del país». EFE