La época de corrección y respeto, de disciplina y enmienda, pasó. La aseveración no corresponde al comportamiento adulto, al vapuleado y culpable estamento político. No. Tampoco corresponde a las élites con voceros que se desgañitan pidiendo el cese de la impunidad para algunos. Esos, desconocen la existencia de granjas para la protección de infractores incipientes. Menos que falansterios, huertas para crear delincuentes. Laboratorios. La creación de la norma que permite el vivero, contó con el auspicio de organizaciones internacionales encargadas de proveer el bienestar de la infancia y la adolescencia, aunque, en ocasiones, el bienestar propio es prioridad. El momento de la revolución educativa nacional tiene un atasco peligroso. Grave. Si bien es cierto que la ley se presume conocida, la divulgación de una sentencia del Tribunal Constitucional -TC- ha permitido develar la situación. Alegar ignorancia es impropio. La corrección es urgente.

El Consejo Académico y Disciplinario de un centro educativo privado, con sede en el Distrito Nacional, resolvió retirar, de manera definitiva, a una estudiante. Decidió no reinscribirla para el periodo 2012-2013, después de evaluar la conducta de la adolescente que accedió a la computadora de una profesora y obtuvo, de manera fraudulenta, copia de un examen. El descubrimiento de la acción no produjo arrepentimiento ni excusa, la autora amenazó entonces con usar la sustancia corrosiva conocida como “plomerito”.

El hecho fue manejado con discreción acatando las normas que rigen la institución y las leyes nacionales e internacionales, que protegen a Niños, Niñas y Adolescentes. Consentir el comportamiento señalado no sólo resultaba fatal para la joven sino que se convertía en una señal inaceptable para la comunidad educativa. El padre de la afectada impugnó la decisión del Consejo, pero la entidad mantuvo su decisión. El ciudadano insistió e interpuso un recurso de amparo para lograr la inscripción de la estudiante. La Sala Civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del DN, consideró arbitraria la imputación, estigmatizante –sic- la expulsión y ordenó la “reinserción” y el pago de una astreinte ascendente a $90,000 a beneficio del recurrente y de la adolescente “por cada día de retraso en el cumplimento de lo ordenado en esta sentencia”. El centro demandó la suspensión de la ejecución de la sentencia, por ante el Tribunal Constitucional y el tribunal confirmó la decisión. El principio es que el derecho a la educación de la adolescente debe prevalecer y está amparado por leyes, convenios, reglamentos, sentencias.

El azoro se produjo de inmediato cuando la minoría de la minoría leyó las decisiones y buscó el aval de la sentencias. El Tribunal Constitucional recibió la andanada habitual de la opinión emocional. Pero oh sorpresa! Las dos jurisdicciones redactaron sus decisiones apegadas a leyes y disposiciones vigentes. El comportamiento de docentes, estudiantes, la responsabilidad de padres y madres, está regido por las “Normas del Sistema Educativo Dominicano”. El texto, discutido por el Consejo Nacional de Educación, pretende “la convivencia armoniosa” y la “disciplina positiva” en las escuelas. Las “medidas educativas y disciplinarias”, permiten y ratifican la impunidad. Las faltas leves, graves y muy graves, tienen como sanción el encubrimiento, la complicidad. El acoso, el robo, el consumo o posesión de sustancias prohibidas, la falsificación, el porte de armas, no provocan la expulsión del centro educativo. La reincidencia también impide la expulsión. Además, “ninguna conducta que no esté expresamente establecida en estas Normas o en el Reglamento de Convivencia Educativa podrá considerarse como falta grave”, ergo: aquellos estudiantes que el año pasado, estupraron, golpearon, acosaron, en el patio de la escuela Juana Saltitopa, a Tuna, una joven con discapacidad intelectual, deben estar tranquilitos en el aula, en nombre del derecho a la educación. Se impone la revisión de ese compendio. Lejos quedó el tiempo de la adultez responsable que pedía a la dirección de la escuela el origen de un lápiz que no pertenecía al alumno. La impunidad se está gestando, desde la infancia, con apoyo legal.