Hoy 
FEDERICO HENRIQUEZ GRATEREAUX
Se oye hablar con frecuencia del impuesto selectivo al consumo, del recargo cambiario, de los tributos incluidos en el precio de los combustibles; se discute también del anticipo del impuesto sobre la renta, del ITBIS, del «adecuado volumen» de las «cargas tributarias». De lo que no se habla nunca es de los «impuestos de conciudadanía». Ningún experto fiscal toma en cuenta este profundo misterio financiero, socio – político y cultural.
Usted, amigo lector, es desagrado todos los días por el pago del «impuesto de conciudadanía». Cada vez que un dominicano vuelca un zafacón y dispersa la basura es necesario volver a recogerla para evitar plagas, infecciones, malos olores; con el consiguiente costo para las autoridades municipales. Estos costos deben ser cubiertos por los muchos ciudadanos que no vuelcan los zafacones. Cuando un «capo de poste» concede el «permiso» a los habitantes de un barrio marginal, para conectarse ilegalmente al servicio eléctrico, contribuye de ese modo a que se quemen transformadores y cables de distribución. La reposición de dichos equipos encarece el servicio de energía eléctrica para todos los ciudadanos de nuestro país. ¡Juntos habitamos la isla!
Usted, amigo lector, es conciudadano de Pepe Goico, de Quirino Paulino, de Vantroi y de muchos otros que ejercen parecidas actividades. A los destrozos económicos causados por algunos banqueros hay que añadir otros destrozos, aun mayores, ocasionados por las autoridades del Banco Central de la R.D. El costo social de ambos desastres, sumados, debe pagarlo el ciudadano común. La decisión de comprar las distribuidoras de electricidad quebradas, incluye la «penalidad» de repartir las cargas entre millones de inocentes ciudadanos. Pagaremos este desaguisado durante doce años, en dólares sobrevaluados. El «salvamento» de los bancos en crisis, la «adquisición de las EDES», la venta de bonos soberanos, el plan RENOVE, son tortuosos asuntos que van a parar directamente a las costillas de los ciudadanos comunes y corrientes. Cada una de estas operaciones de carnicero instaura, a la fuerza, un «impuesto de conciudadanía». Y es muy dolorosa la solidaridad forzada con aquellos que nos despluman. ¡Juntos vivimos en esta tierra!
El rendimiento económico de un dominicano de nuestra época está lastrado por esos que llamo «impuestos de conciudadanía». La vida útil y productiva de un trabajador -unos veinticinco años- es hoy de muy bajo rendimiento económico…para él. El sistema aquí descrito lo despoja de la mayor parte de sus ingresos. La inflación de los precios, la devaluación monetaria, actúan como fuerzas reductoras de su salario.
En los Estados Unidos de Norteamérica es usual que se compilen estadísticas sobre temas de escasa importancia social. Se averigua cuantas personas beben agua antes de acostarse, o usan analgésicos ligeros; o cuantas parejas jóvenes llegan tarde a sus trabajos por hacer el amor al despertar. Ojalá que alguna empresa de consultoría económica se animara a preparar un estudio para cuantificar ese indirecto «impuesto de conciudadanía», de aplicación subrepticia y alevosa. Pienso que, dada su experiencia y rigurosa formación académica, Andy Dauhajre podría ser contratado para elaborarlo. La importancia de tal estudio no necesita ser subrayada.
Trabajar y vivir en Santo Domingo es actualmente una empresa penosa para todas las clases sociales, excepto para los delincuentes. Es comprensible que los dominicanos más pobres se embarquen en yolas para atravesar, con gran riesgo, el Canal de la Mona. ¡Si la clase media «esta ardida», como estarán los grupos sociales de mas abajo! He visto con alegría una información en la cual se anuncia que la Unión Europea facilitará recursos para reformas institucionales y educativas en la R.D. No estoy enterado de los pormenores de esta negociación; pero no tardaré en pedir los datos al doctor Onofre Rojas, el funcionario dominicano al frente de la oficina que recibirá esos fondos. Ojalá que una de las reformas sea la reforma radical a los gravosos «impuestos de conciudadanía».
Atrapada en las redes de los «impuestos de conciudadanía», la población sobrevive precariamente. Ningún actuario de seguros pondría grandes esperanzas en la futura capitalización del ahorro de los dominicanos. La Seguridad Social soñada, discutida y cantada, se ha esfumado mientras aplazábamos la inauguración formal. Las empresas administradoras de fondos de pensiones ya empiezan a fusionarse. Todo ello ocurre bajo el peso de unos difusos -casi invisibles- «impuestos de conciudadanía». Se trata de sufrimientos compartidos pero no deseados ni merecidos.
