TACITO PERDOMO
Cuando nos aboquemos a la revisión integral de nuestra Carta Magna, habrá que tomarse en cuenta el crecimiento hipertrofiante de la Cámara de Diputados. La preocupación por este tema surgió antes de que la Cámara llegara a cien Diputados y Diputadas. Hoy cuenta con ciento cincuenta escaños con el riesgo de que alcance unos cientos ochenta o más, en el caso de que se apliquen los resultados del último Censo Nacional. Por ese camino es fácil presagiar lo que sucederá “a la vuelta de la esquina”, en tres o cuatro elecciones superará los trescientos escaños.

La Constitución de la República en su Artículo 24 señala: “La Cámara de Diputados se compondrá de miembros elegidos cada cuatro años por el pueblo de las provincias y del Distrito Nacional, a razón de uno por cada cincuenta mil habitantes o fracción de más de veinticinco mil, sin que en ningún caso sean menos de dos”.

Como podrá observarse, es en la propia Constitución donde está normado el crecimiento de ese importante estamento de nuestro Congreso, -a más habitantes más diputados-, en consecuencia, es en ella donde corresponde hacer los correctivos de lugar.

La respuesta a cómo manejar el asunto tiene varias aristas y entre esas diversas posibilidades me atrevería sugerir la siguiente:

* Cualquier sistema que se vaya a implementar debe partir de “los derechos adquiridos” de las comunidades. Es decir, a cada provincia y al Distrito Nacional habría que reconocérsele el número de diputaciones que tienen a la fecha.

El factor para ganar una curul sería alcanzado un porcentaje determinado de los votos validamente emitidos. En este caso, el crecimiento poblacional que experimentarán todas las comunidades del país no alterará el número de diputaciones. Ese factor o coeficiente se establecería dividiendo la cantidad de cien entre el número de asientos a elegir. Se haría como en la actualidad, partiendo de la particularidad de cada provincia o circunscripción, con la diferencia de que en vez de hacerlo por la cantidad de habitantes, que siempre está en aumento, se haría por un porcentaje que congelaría el crecimiento desbordante de la Cámara.

* Poner en práctica un sistema de distribución integral, para de esa manera hacer las asignaciones de escaños más justas y apegadas al espíritu y la letra de la Constitución en su tan conocido como olvidado artículo 91.

* Implementar la Circunscripción Nacional, constituyendo el coeficiente de distribución a partir del porcentaje del partido que haya alcanzado más diputaciones, y no estableciendo a priori una cantidad mecánica que resultaría arbitraria.

* Establecer las diputaciones de ultramar y adjudicarlas con el mismo método utilizado para el Territorio Nacional.

Si se hace un cuerpo integral con todas estas medidas lograríamos poner fin al proceso de hipertrofia que amenaza a la Cámara de Diputados, lo que podría sumirla en un estado de abulia, descrecimiento e ilegitimidad. Además, estaríamos acercándonos a mecanismos democráticos más sólidos, lo que supondría que la división electoral en circunscripciones dejaría de ser un mecanismo al servicio de quienes ostenten la mayoría, o las minorías mayores, que para los efectos es lo mismo. El estudio de lo que habría sido el tamaño de nuestra Cámara de Diputados a partir de cuando arribó a cien miembros, si se hubiese aplicado el método aquí expuesto, sería un ejemplo revelador de cómo evitar su hipertrofia. Este podría resultar odioso a quienes propugnan por el clientelismo político pero, a fin de cuentas lo que está en primer lugar es el interés colectivo. Y en eso no transigimos.