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Especial para Hoy
El año 2010 se ha iniciado con aumentos significativos de los impuestos al consumo y su efecto dominó en el encarecimiento del transporte y productos básicos de la dieta nacional.
Sin embargo, si el efecto de esos aumentos produce una demanda menor de gasolina, la subida de precios podría ser menor que el aumento del impuesto. Ahora bien, este tipo de impuestos tiene un problema y es su carácter regresivo ya que todos pagamos de igual forma. Por ende, este tipo de impuestos resulta injusto para los más pobres. Si estamos de acuerdo en que el sistema tributario no es una herramienta de política económica y social, y que existen otros mecanismos de redistribución del ingreso, las injusticias de este aumento a los impuestos al consumo podrían solucionarse por medio de un incremento del gasto social, a fin de compensar a los grupos de bajos ingresos por las pérdidas económicas que les ocasionaría esta subida del gravamen. Lo anterior nos lleva a la necesidad de estudiar el impacto no económico de las actividades económicas y, por lo tanto, como este impacto se refleja en los diferentes niveles de ingresos de la población.
Impuestos. No se puede argumentar que los impuestos son sinónimos de crecimiento económico, dado que éste es anterior al impuesto y, de hecho, determina la carga tributaria. Es falso pensar que los aumentos de impuestos van a aumentar el producto interno bruto del país. Los impuestos siempre son cargas que se trasladan a los consumidores y, por lo tanto, no se puede afirmar que las empresas absorberán el costo de los mismos, ya que las empresas trasladarán dicho costo a los consumidores. Los impuestos siempre los pagan los más pobres porque no tienen a quien trasladarlos. Por consiguiente, puede afirmase que los aumentos de impuestos conllevan niveles mayores de pobreza, desempleo y menor inversión. Si bien se puede calcular el producto interno bruto del país, no podríamos calcular el nivel de satisfacción o insatisfacción de los grupos poblacionales por edades y sexo frente a la situación económica y social imperante. Quizás si realizaramos una encuesta, ésta podría identificar, en un momento dado, la existencia de cierta aceptación o malestar en la población y si estamos en un período electoral, dicha aceptación o malestar se reflejaría en el resultado de las elecciones.
Sin embargo, si miramos los temas relevantes de políticas públicas, a saber: salud, educación, agua potable, saneamiento ambiental, vivienda, infraestructura básica, medio ambiente, regulaciones financieras, déficit fiscal, etc., sería conveniente analizar cuál de las soluciones de compromiso entre la justicia, equidad, estabilidad y cohesión social y la inducción o mantenimiento de elevados niveles de crecimiento económico es la que se debe ejecutar o implementar.
Lo anterior implica escoger entre una mayor o menor participación del Estado en la economía o entre adoptar políticas públicas más acordes con el concepto de una economía social de mercado o el estilo de capitalismo que imperaba recientemente en EUA.
Prioridad. En la actualidad, el péndulo se mueve hacia una economía social de mercado donde la prioridad fundamental será erradicar la pobreza respetando las reglas de mercado pero ejecutando una mayor efectiva y eficiente política social. Habría que reconocer que el modelo de acumulación de largo plazo imperante en el país, aunque en términos positivos genera riqueza, al mismo tiempo es una fuente que reproduce la exclusión social, a causa de que el modelo mencionado se ha fundamentado en programas de sustitución de importaciones y de una economía de servicios.
Este modelo, además, no ha contemplado ni incluido estrategias que promuevan la inclusión social, sino más bien se ha apoyado en una política de bajo salario real individual y social, generando empleos precarios de baja calificación y productividad. Por otra parte, habría que reconocer que lo que empezó como una gran crisis financiera y se convirtió en una profunda crisis económica, ahora está derivando en una gran crisis del desempleo. Así lo demuestran los elevados niveles de desempleo no sólo en nuestro país, sino también en los países de América Latina, con excepción del Brasil, y en aquellos llamados desarrollados. De no tomarse medidas, existe el riesgo de que llegue a ser una grave crisis humana y social con implicaciones políticas muy importantes.
De acuerdo con las autoridades gubernamentales, la situación económica y social imperante en el país refleja cierta mejoría y ya hemos superado el estado de crisis. Sin embargo, dicha situación debe servir de base para adoptar las medidas que, dentro del marco de una economía social de mercado, sean imprescindibles para sanear y reformar la actividad económica, a fin de permitir su superación y consiguiente relanzamiento. Esto conlleva a la focalización de su accionar en programas de reducción de la pobreza que promuevan una mayor inclusión social. Esto es muy importante, puesto que si permitimos que las desigualdades y sus respectivas causas continúen creciendo, se corre el riesgo de que desaparezca la clase media y se resquebraje la cohesión social. Por lo tanto, representa un desafío para el país, en un mundo más globalizado e injusto.
Caso Lula. El mejor ejemplo a seguir son las políticas económicas y sociales adoptadas por el Gobierno del presidente Luis Inácio Lula da Silva, cuya innovación, aunada a la orientación comercial de la economía, ha reducido drásticamente la pobreza. Desde 2003, más de 23 millones de personas de una población de 198 millones han entrado a formar parte de la clase media y alrededor de 20 millones han superado la pobreza. Estos logros son sin precedentes en América Latina, especialmente en un país considerado una de las sociedades donde existían las mayores desigualdades del mundo. El progreso brasileño es de gran magnitud, ya que desde 2003 se han creado 8.5 millones de empleos, por medio de programas de asistencia a las familias pobres y de facilidades crediticias a bajo interés, tanto para aquellas personas que compren por primera vez su casa como para los propietarios de pequeñas y micro empresas.
En nuestro caso, se estima que existe la necesidad de adoptar medidas monetarias, financieras y de generación de empleo que permitan en el corto plazo mejorar la situación económica y social de la población mediante una acción concertada para adoptar políticas de reducción de la pobreza existente. Dentro de ese contexto, se ha identificado: (a) una caída en los niveles de crecimiento económico, ya que durante los últimos trece (13) años el país obtuvo los más elevados niveles de crecimiento de América Latina, mientras que en el presente año el crecimiento ha sido de apenas 2.5 por ciento, lo que deteriora aún más las condiciones de vida de la población y, como afirma el PNUD, la economía dominicana crece, pero con un impacto decreciente en la generación de empleos; y (b) un lento crecimiento de la industria, el comercio y el turismo, lo que ha generado cifras elevadas del nivel de desempleo, rural y urbano, por edades, sexos y por ramas de actividad.
Esta situación en la economía dominicana, exacerbada por los altos niveles de corrupción en los sectores privado y público, se produce en un contexto de recesión mundial en el que todavía no han aparecido signos duraderos de recuperación económica. Por ello, existe una preocupación ante esta situación y se hace necesario afrontar y resolver en forma constructiva esos problemas en un clima de cooperación que contribuya al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática de la Nación. En consecuencia, se hace necesario continuar la consolidación de la estabilidad macroeconómica por medio de una disciplina con respecto al gasto público y al fortalecimiento de la política fiscal; acelerar el crecimiento dando un mayor énfasis en mejorar la competitividad, y reducir la pobreza por medio del desarrollo del capital humano.
Dentro de ese contexto, el primer aspecto es la protección de la población de bajos ingresos; el segundo es proveer los insumos básicos con los cuales dicha población podrá incrementar su competitividad, lo cual implica una vida saludable y una sólida educación; el tercero se relaciona con la eliminación de las distorsiones del mercado laboral e incentivar la migración del empleo del sector informal al sector formal; y el cuarto se refiere a la necesidad de aplicar políticas que satisfagan las necesidades de los grupos más vulnerables, a saber: los niños, las mujeres, los ancianos y discapacitados.
Por último, en estos días hay un debate muy serio sobre la necesidad de que se apruebe otra reforma tributaria, sin que se mencione la necesidad de fortalecer los controles para evitar la evasión fiscal.
Dentro de ese contexto, se hace imperativo que para fortalecer la política fiscal, las autoridades concentren sus esfuerzos en identificar las facilidades permitidas por las leyes o de otra naturaleza, que hagan posible la evasión fiscal. Dicha evasión debe ser atacada frontalmente de modo tal que identifique e incorporen a aquellos empresarios que se han acostumbrado a actuar al margen del sistema legal. Del mismo modo, se debe luchar por eliminar la corrupción estatal, una realidad inocultable que se utiliza como excusa para no cumplir con las responsabilidades frente al fisco.
La cifra
23 millones. Es la cantidad de personas que ha entrado a formar parte de la clase media de Brasil desde 2003, de una población de 198 millones, y otros 20 millones han superado la pobreza.
