CÉSAR PÉREZ
Durante casi todo el discurrir del siglo XX, la característica fundamental del proceso de urbanización en América Latina y parte del Caribe era el acelerado crecimiento poblacional de sus principales centros urbanos. El cambio de las funciones de las ciudades de los países del capitalismo periférico, al convertirse en unidades de producción y centros de consumo más estrechamente vinculados a los centros del gran capital ha modificado la tendencia del crecimiento acelerado de las grandes metrópolis.

A partir de la década de los 90, comienza un sostenido proceso de desaceleración del flujo migratorio hacia los grandes centros urbanos, básicamente hacia sus capitales. Sin embargo, este proceso que podría haber sido una oportunidad para una gestión de esas ciudades con mayores posibilidades de una mejor oferta de servicios no ha sido así, debido a inexistencia de políticas de planificación y de control de un proceso de producción del espacio urbano, el cual se hace básicamente a través del capital inmobiliario.

El proceso de desaceleración del crecimiento poblacional, e incluso de descrecimiento de la población en muchos de los barrios más emblemáticos y antiguos de varias ciudades no se ha acompañado de una limitación del ritmo de crecimiento espacial de estas. Todo lo contrario, sigue el proceso de expansión de las áreas metropolitanas, concomitantemente con la segregación espacial, la pobreza, el hacinamiento, la inseguridad urbana y la permanencia de extrema desigualdad entre sus poblaciones.

Por otro lado, en el caso de nuestro país, el nuevo modelo económico, basado en el turismo y en las zonas francas, además del agotamiento de las posibilidades de la población pobre expulsadas de las zonas rurales de insertarse en las economías urbanas del sector formal, ha determinado un significativo incremento del ritmo de crecimiento poblacional y espacial de ciudades intermedias, como Higuey, Puerto Plata, Azua, La Romana, entre otras, por la cual la presión de nuevas migraciones hacia Santo Domingo se ha detenido en los últimos 20 años.

Este fenómeno se está produciendo debido al gran crecimiento de la industria del ocio y de la planificación del disfrute del tiempo libre en medio por la competencia de la inversión extranjera por la conquista y creación de nuevos espacios para la reproducción del capital. De ese modo, muchos de los graves problemas de las grandes urbes: pobreza, hacinamiento y crecimiento espacial sin control, se están verificando en zonas de enclaves turísticos o zona franca, como son los casos de Bávaro, Puerto Plata, Higuey , La Romana y Santiago.

Ese fenómeno modifica sustancialmente la lógica de la formación de los polos de concentración poblacional, ésta se distribuye de manera menos concentrada de que como era anteriormente, pero no impide que las ciudades sigan su proceso de configuración signado por la fragmentación y la dispersión con todo lo que eso significa en términos de su función en la estructura de la economía nacional, como para la gestión municipal.

En primer caso, una ciudad fragmentada tiende a producir menos riqueza que una ciudad más compacta con mayor flujo de gente circulando en sus calles y haciendo actividades de todo tipo en ellas, en el segundo caso, la oferta de servicios en una ciudad dispersa resulta sumamente costosa económica y socialmente.

Así como la concentración de la tierra en pocas manos expulsa la población rural hacia las ciudades, la especulación inmobiliaria, a través del monopolio del mercado del suelo urbano encarece ese bien mediante la creación de una escasez artificial del mismo, determinando la expulsión la población de limitados recursos que ocupa algunas áreas céntricas y pericéntricas de las ciudades hacia las zonas periféricas de estas.

En el caso del Distrito Nacional, entre otras razones, por eso es tan notorio el descrecimiento de la población de casi todos sus barrios, tal como lo revelan los dos últimos Censos Nacionales. Ese fenómeno debe ser seguido con cuidado, pues el desmantelamiento de varias fábricas de zonas francas, debido a los cambios que se operan a nivel mundial en esa actividad podría tener un impacto negativo en la concentración de la población en las ciudades donde más acentuado sea el desmantelamiento de naves industriales.

El flujo migratorio tendería a tomar una dirección más acentuada hacia las ciudades y asentamientos cercanos a los enclaves turísticos, con toda la consecuencia que esto tiene y que se comienzan a notar en Bávaro, Punta Cana y Puerto Plata. También podría incrementarse el ritmo de crecimiento poblacional en los municipios circundantes del Distrito Nacional, y de ciudades dormitorios como San Cristóbal y Villa Altagracia, lo cual implicaría una demanda de servicios y equipamientos para lo cual estas instituciones hasta el momento no están preparadas, además de incrementar los factores determinantes de la inseguridad urbana y de criminalidad.

Esta circunstancia implican un serio desafío para las autoridades municipales y nacionales, porque sin planes reguladores que orienten el crecimiento de las ciudades, y sin mecanismos que regulen el impacto del mercado inmobiliario en la producción del espacio, no podríamos enfrentar con éxitos las consecuencias de esta nueva lógica del crecimiento espacial y poblacional de nuestras ciudades.