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Al hablar de “desarrollo” en el aspecto económico, nos referimos necesariamente a esa capacidad que poseen algunas naciones de generar riquezas tendentes a elevar a sus ciudadanos hacia ambientes que les permitan disfrutar plenamente y de forma sostenida de prosperidad y bienestar socio-económico.

El bienestar socio-económico de las personas es, sin lugar a dudas, la principal característica que define el desarrollo de una determinada nación o región, por lo que todas las políticas públicas que sean adoptadas por las autoridades deben tener como protagonistas de las mismas a los seres humanos de manera integral. Desde ese punto de vista, el capital humano juega un papel predominante para que el desarrollo sea alcanzado y sostenido en el tiempo. Me refiero al recurso humano no solo desde el enfoque económico, sino en el sentido más integral de la palabra, pues si analizamos las recientes crisis regionales y globales, nos damos cuenta de que antes que económicas, fueron crisis éticas las que impidieron que el esplendor de “los felices 90” de Stiglitz continuara vigente durante el siglo XXI.

De hecho podemos encontrarnos con países que por décadas han preparado sus recursos humanos para alcanzar el desarrollo y mantenerlo en el futuro, sin embargo, le ha faltado el capital económico que les permita insertarse en los procesos de industrialización típicos de las naciones desarrolladas.

Por otro lado, países desarrollados, hoy ven sus economías amenazadas por deudas públicas insoportables, producto de empréstitos improductivos tomados por sus autoridades para ser gastados o invertidos en proyectos de cuestionables tasas internas de retorno.

Otros corren el riesgo de tener una baja considerable en su producto interno bruto, como resultado del envejecimiento de su masa productiva.

La calidad de la administración pública y la visión de quienes ostentan el poder son factores decisivos para alcanzar el desarrollo de los pueblos.