Tiene razón el Presidente Medina, ciñéndose estrictamente a la legalidad, de exigir presentación de pruebas que ha recibido financiamiento de ODEBRECHT. Pero desde el punto de vista político debería ser el más, pronto y primer interesado en demostrar su inocencia puesto que aumentaría la desgastada credibilidad de su gobierno y recuperaría con ello la confianza que necesita para sustentar la legitimidad y mejorar la gobernabilidad de la nación.
Y es que la carencia de credibilidad no inspira confianza ciudadana, afectando la legitimidad hasta tambalear gobernabilidad.
Sobran evidencias sobre la desgastada credibilidad gubernamental. Pocos creen que la economía crece aunque cifras digan lo contrario. El estancamiento de exportaciones no mineras desde 2012, a pesar de “aumentar” producción, refuerza la incredulidad. Como la tasa de desempleo es la misma que a principios de siglo, se duda del número de empleos creados. La disminución de la pobreza la pone en duda los propios funcionarios al anunciar programas sociales para el 50% de la población tenida como pobres. La “revolución educativa” la desmienten analfabetos graduados de programas de alfabetización y egresados de otros que habla no escriben inadecuadamente, burócratas incluidos. Éxitos en salubridad se desploman frente a carencia de medicamentos y carencia de prevención sanitaria: calles sucias y abastos carentes de higiene. Infraestructuras viales no solucionan taponamientos. No está claro que el “cambio de la matriz energética” abarate energía. Los frecuentes anuncios de programas de seguridad ciudadana ya son tomados a chanza. La regularización no ha resuelto situación migratoria. Medio Ambiente adopta medidas espectaculares y plazos que no cumplen.
Se prometió gobernar mediante pactos pero ninguno ha fructificado: el fiscal fue abortado, el eléctrico no concluye y el educativo ha sido distorsionado.
Aquello de “hacer lo que nunca se ha hecho” ya es promesa incumplida. Someter a corruptos en base al rumor quedó como retórica sepultada. Nadie se acuerda, ni el propio gobierno, del “Código de Pautas Éticas” que hicieron suscribir a cada funcionario designado al iniciar gobierno/2012. A pesar que ODEBRECHT admitió haber sobornado, los responsables de actuar dan largas o se rasgan vestiduras frente a señalamientos del exterior.
Por eso, ante señalamientos de haber recibido financiamiento ilegal para la pasada campaña electoral, en lugar de rasgarse las vestiduras, sería pertinente que se hiciese lo posible para disipar dudas para restablecer credibilidad, transmitir confianza, proporcionar legitimidad y mejorar gobernabilidad.
No hacerlo significaría ahondar descreimiento y desconfianza e ilegitimidad agravadora de ingobernabilidad; teniendo en cuenta que nuestra ley electoral (Art. 47) considera ilícita la intervención de empresas y gobiernos extranjeros en financiamiento de campañas, grave irregularidad potencialmente conducente a demandas de nulidad de elecciones. (Artículo 19.4, Ley 29-11).