POR TEÓFILO ABREU
Participación Ciudadana afirmó anoche que la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sobre el caso Baninter hiere sensiblemente la confianza que había  generado el proceso de reforma judicial iniciado hace once años.

En una declaración de su Consejo Nacional, el movimiento cívico no partidista afirma que el juicio sienta un funesto precedente.

Señaló que existe el desafío y la responsabilidad de la Corte de Apelación ante la frustración que deja el tribunal de primera instancia.

Dijo que la responsabilidad de la Corte debe ser dar a la justicia la oportunidad de lograr que en este caso no ocurra lo que ha ocurrido tantas veces,

Expresó que  por tratarse del brote de corrupción más grande que conoce la historia del país,  debió constituirse en el punto de partida de un esfuerzo conjunto de la sociedad y sus instancias “para mandar un claro mensaje de que la corrupción no será tolerada”.

“Lamentablemente ese no fue el caso, y en vez de enviarse ese mensaje lo que ha logrado la sentencia dictada es dejar una sensación de insatisfacción en amplias instancias de la sociedad, bajo el entendido de que la misma refleja intentos por acomodar las decisiones judiciales a las expectativas de poderosos grupos de presión económicos y políticos”, expresa.

Dice Participación Ciudadana que la  sentencia  admite como probados todos los hechos imputados a Ramón Báez Figueroa  y Marcos Báez Cocco, así como válidas todas las pruebas aportadas por  los  acusadores  públicos  y  privados.

  «Hemos podido establecer la gravedad de este   hecho,  pues  las  consecuencias  socioeconómicas  derivadas  de  la afectación del bien jurídico protegido, en este caso el sistema monetario y financiero nacional, han alcanzado a todos los sectores de la sociedad», apuntó

Señaló que la exclusión del delito de abuso de confianza  podría servir de base para intentar  excluir  posteriormente el delito de lavado de activos, en el caso del presidente y el vicepresidente del banco, cuando tal condición los hacía responsables  del buen uso de los fondos del Banco, que provienen de los depositantes.

“Se  sienta  un   funesto precedente cuando la sentencia valida que una funcionaria bancaria  pueda  sobregirar  su  cuenta  por  28  millones de pesos, bajo el alegato  de que los fondos tomados corresponden a bonificaciones, cuando todo pago en bonificación tenía que estar previamente documentado y, en todo  caso,  los  fondos”, apuntó.

Cuestiona que se haya desconocido la decisión de la Suprema Corte de Justicia de enviar a juicio de fondo a Jesús María Troncoso,  en base a un tecnicismo legal que impidió  al  tribunal  aceptar las pruebas en su contra que figuraban en el expediente, “y al hacerlo ignoran y pretenden descalificar  a nuestro más alto tribunal de justicia”.

Participación Ciudadana considera insólito que, al final, quede la sensación de  que el mayor fraude bancario conocido fue obra de apenas tres personas, eximiendo de culpas a otros que tenían responsabilidades fundamentales en la conducción cotidiana del banco y confía en que el Ministerio Público apele las partes de la sentencia  en que no fue complacido.