La directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, consideró que las comisiones de veeduría de las instituciones públicas deben rendir los informes de su trabajo y los hallazgos que han hecho, sean positivos o negativos, para que se conozca el impacto de esas entidades en la vigilancia del uso de los recursos públicos.

Señaló que hasta el momento solo se ha conocido un pronunciamiento en el caso del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), cuya comisión de veeduría criticó la entrega de bonos, previamente denunciada a través de un medio de comunicación.

El titular de Inabie, René Jáquez, aseguró que no se trataba de recursos del presupuesto de la entidad, sino de aportes de contratistas.

Al respecto, Sosa dijo que se espera aún una respuesta del Poder Ejecutivo, pues se trata de algo ilegal que debe llevar consecuencias.

Sosa entiende que pasó el tiempo de reconocimiento y aprendizaje en materia de compras y de contrataciones que debieron atravesar los miembros de las comisiones.

Indicó que no puede establecer si las veedurías han sido tímidas o no en sus trabajos, por lo que son estas entidades las que están llamadas a dar a conocer la labor para la cual se comprometieron.

“Creo que ya es momento que fijen posiciones porque de alguna u otra manera han identificado situaciones positivas o negativas”, expresó Sosa.

Las veedurías han sido una iniciativa del Gobierno para que ciudadanos independientes puedan vigilar las compras y contrataciones estatales. Al momento hay más de 20.