El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Nelson Toca Simó, propuso ayer que los reclamos presentados por inversionistas contra del Estado deben recibir una atención oportuna, a fin de prevenir que sean llevados a un arbitraje internacional por los altos costos e implicaciones de los procesos para las finanzas públicas.
El funcionario hizo la consideración en la apertura de la Segunda Reunión Regional Intersesional del Grupo de Trabajo III de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que finaliza hoy en el hotel El Embajador. Participan representes de 30 países de América Latina y el Caribe.
Expresó que el país, a través del MICM, ha dado un carácter prioritario a la necesidad de reformar el sistema actual de solución de controversias entre inversionistas y Estado, a fin de corregir las deficiencias existentes.
Afirmó que América Latina y el Caribe es la región más afectada por el sistema de arbitraje de inversión en el mundo, al registrar alrededor de la tercera parte de los casos.
Señaló que los arbitrajes internacionales de inversión tienen elevadas implicaciones económicas para el Estado. Precisó que esos arbitrajes traen consigo cargas administrativas y fiscales para el país.
En tanto, Lorenzo Jiménez, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país, resaltó la apuesta del MICM por el multilateralismo como una fórmula para solución de controversias.