El director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) afirmó que el papel asumido por el gobierno en lo relativo a la regulación del sector eléctrico, hasta ahora se ha fundamentado en hacer lo que le conviene a los agentes del sistema, sin pensar en el futuro ni dar señales adecuadas en cuanto a la reglamentación.

José Luis Moreno San Juan resaltó también que en materia de la distribución, deben aplicarse nuevas ideas, como por ejemplo, darle mucho apoyo al esquema de las cooperativas de los consumidores de energía de las zonas rurales y los barrios.

Se mostró opuesto a que se aumente el precio de la tarifa de energía, como se ha informado, porque según entiende, el costo que se paga en el país por la energía eléctrica es injusto y demasiado alto.

«Y todavía se pretende aumentar más. De manera que los consumidores son los que van a pagar el subsidio que antes daba el gobierno al sistema», señaló Moreno San Juan, en referencia a la amenaza de las autoridades del sector de subir de nuevo la tarifa de la energía.

El reto es, sostuvo, aplicar lo que las normas de ingeniería mandan en sistemas eléctricos como el dominicano y al respecto añadió que debe aplicarse la tarifa técnica y que las distribuidoras «tienen que apretar su gestión administrativa para poder ganar dinero».

«Mientras eso no se resuelva, estamos como en principio», señaló el director del Instituto de Energía de la UASD, tras sostener que lo que colapsó en el 2003, respecto al sistema eléctrico, fue el esquema que se planteó durante la capitalización de dicho sector.

Consideró que debe ser uno de los grandes retos del gobierno en el 2004, en el ámbito del sector eléctrico, que el Estado asuma su papel de regulador efectivo.

Abogó también porque el gobierno ponga a competir de manera adecuada las empresas eléctricas de generación, de manera tal que de cesar la competencia, se pueda lograr precios más bajos de la venta de energía.

Favoreció que la compra de energía por parte de las distribuidoras a los generadores, se haga a través de concursos, como establece la Ley General de Electricidad en el artículo 110.

En otro orden, al enfatizar en la necesidad de dejar a un lado el denominado Acuerdo de Madrid, (convenio que sirve de base para el mantenimiento de precios de generación muy por encima de lo real), dijo que esto representaría una mejoría sustancial de la competencia en el área de generación de energía y posiblemente precios más bajos de la tarifa.

En cuanto a los derechos contractuales que rigen en el sistema eléctrico, con respecto a empresas que tienen contratos en el sector, dijo que «muchos de esos derechos contractuales son basados en el tráfico de influencia y a la corrupción».