La Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) consideró de urgencia el aprobar un nuevo marco legal para las zonas francas que contribuya a la atracción de nuevas inversiones y al fomento de empleo formal en el país, evitando a su vez el aumento de importaciones desde Centroamérica y otras naciones. 

Dijo que los compromisos internacionales asumidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el DR-CAFTA hacen necesaria la modificación de la Ley 8-90, la cual desde hace más de veinte años viene regulando las operaciones de la industria. 

El presidente de Adozona, Aquiles Bermúdez, consideró que con el establecimiento de un 2.5% de impuesto sobre la renta a las ventas brutas que realizan las empresas de zonas francas al mercado local, se responde al principio de equidad sobre el que se ha sustentado el proceso de revisión del proyecto de ley de zonas francas que reposa en el Congreso Nacional desde julio del pasado año.

En el mismo sentido, Bermúdez dijo que la nueva ley de zonas francas debe  establecer un tratamiento arancelario para las ventas al mercado local equitativo al que recibe el sector industrial local.

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Objetivo principal

 El presidente de Adozona consideró que aunque el objetivo fundamental de las zonas francas es exportar, existen empresas que, acogidas a los derechos conferidos por la Ley 8-90, venden parte de su producción al mercado local pagando los impuestos correspondientes, lo que ha incentivado el desarrollo de enlaces industriales y la creación de empleo formal durante las últimas décadas.