POR MARIO MENDEZ
BARAHONA.- Uno de los problemas más serios que enfrenta el país en el Suroeste, como resultado de la creciente presencia de inmigrantes ilegales haitianos, es la tala indiscriminada de árboles para hacer carbón y cultivar la agricultura, afirmaron representantes de diferentes sectores de esta comunidad.

Manolo Sánchez Pérez, vicepresidente de la Sociedad Ecológica de Barahona, dijo que los daños producidos a la ecología, sobre todo en la Sierra Bahoruco, son alarmantes.

Citó entre las áreas que registran mayores daños a la parte alta de Paraíso, en la zona de la cuenca de los ríos Sito y Nazito, necesarios para irrigar la llanura de Oviedo, en la parte alta de  Pedernales, las lomas de Avila, Águas Negras y Mencía.

Dijo que en esos lugares «la deforestación ha sido continua, sin pausa».

«Desde Duvergé hasta Jimaní la zona está devastada de tal manera que nos la impresión de que estamos en África y que estamos en un proceso abierto de desertificación», expresó.

En la sierra de Bahoruco, sólo hay una pequeña franja de bosque en la parte alta, entre las ciudades de Neyba y San Juan de la Maguana.

«En el aspecto forestal, podemos declarar a esta región en estado de calamidad. Es necesario y urgente que las nuevas autoridades se aboquen a proyectos forestales y agroforestales para restaurar la devastación de los últimos diez años», expresó.

En el Suroeste está el 40 por ciento de los parques nacionales como Sierra de Bahoruco y de Neyba, Parque Jaragua, que están en peligro.

«Y nos preocupa que en toda la región fronteriza el problema de la inmigración no se le ha prestado atención, y aunque es con la responsabilidad de los propietarios dominicanos, el inmigrante haitiano ha estado haciendo uso de su cultura de tumba y quema de árboles, y por eso la zona de Pedernales a Jimaní se está desertificando, y hay zonas de los propios parques nacionales que son quemadas», agregó.

Criticó que mientras eso ocurre, las instituciones oficiales lucen desintegradas, aisladas en sus propósitos, y no hay coherencia, por lo que pidió que sea creada la Dirección Regional de Recursos Naturales, para que unifique a los técnicos, y que se designe a un procurador de Medio Ambiente para la región Enriquillo, así como inspectores de gestión ambiental.

El vicepresidente de la Sociedad Ecológica de Barahona consideró que debe investigarse el informe del trasiego de familias enteras de inmigrantes haitianos ilegales hacia territorio dominicano, y dijo que detrás de este fenómeno hay sectores que lo alientan.

Recordó que «eso no es cosa de ahora. Es una práctica continua y permanente la inmigración haitiana, porque hay toda una mafia en la región que trabaja en cuanto a eso, y si no vaya a Chene, donde de cada diez habitantes, usted va a encontrar ocho haitianos; vaya a Polo, donde también está creciendo la presencia de los inmigrantes ilegales haitianos, y lo mismo verá si visita a Paraíso, Pedernales».

«Con la inmigración haitiana yo creo que hay que hacerle honor a lo que establece la Constitución en sus primeros capítulos de que debe dársele un tratamiento especial a la zona fronteriza, como prioridad del Estado. Sin embargo, en los últimos 20 años la mayoría de los gobiernos han abandonado la frontera, y los dominicanos producto del hambre, del maltrato, de la miseria han emigrado y dejado la zona fronteriza prácticamente abandonada, y los haitianos la están ocupándola», explicó.

Manolo Sánchez Pérez abogó porque el gobierno asuma la frontera como un compromiso serio, y dijo que República Dominicana no es sólo Santo Domingo y Santiago.

Juan Alejo Féliz Martínez, ex gerente regional del Instituto Agrario Dominicano (IAD), también dijo que los inmigrantes haitianos han desplazado a los dominicanos de muchas labores agrícolas.

Consideró que en la zona cafetalera los propietarios de las fincas han emigrado en un 80 por ciento y dejado a familias haitianas al frente de sus parcelas cafetaleras, como son los casos de Polo del Asentamiento Campesino  AC-130, en Monteada Nueva, donde está el asentamiento AC-57 de Reforma Agraria; y del AC-54, en Santa Elena.

«Usted sube a ese proyecto y por cada dos dominicanos que usted ve, hay quince y diez haitianos. Es penoso, no sabemos cuáles serán las medidas que tomarían las autoridades actuales, pero entiendo es un asunto que hay que ponerle freno», expresó.

Se quejó de quienes aupan la inmigración ilegal. «Debemos decirlo con responsabilidad, desde que nuestras Fuerzas Armadas hacen una redada pare deportar a extranjeros ilegales de inmediato salen medio centenar de Organizaciones No Gubernamentales (ONG»s) que salen a protestar y defender esos extranjeros. Las Fuerzas Armadas aquí no pueden actuar en contra de esos ilegales», expresó.

«Aquí llega un haitiano ilegalmente y lo primero que agarra es una biblia para hacerse pasar como pastor, como religioso; o una plana y un metro de los que usan en albañilería para ejercer como constructor o carpintero. No hay quien los toque, y tienen más fuerza que los dominicanos. Creo que como nación debemos cuidar nuestra soberanía. A nosotros se nos repatria de otros pueblos al estar ilegales y nadie dice nada, de manera que tenemos derechos a repatriar a los extranjeros ilegales», agregó.

Informó que el problema del crecimiento de la presencia ilegal haitiana no sólo ha degenerado en un problema social, sino económico y de seguridad. 

«En la zona alta, el agricultor que vivía de la crianza de gallina de calidad, de la cría del puerquito, ya no puede porque ellos se lo roban. Hay que tener mucho cuidado cuando se tiene el racimito de guineo, el puerquito y el café tiene la pasa de provecho, porque el haitiano se mete y es acabando, arrasando que está», sostuvo.

Edison López, quien se define como dirigente municipal del Partido Revolucionario Dominicano en Barahona, culpó

a Organizaciones No Gubernamentlaes (ONG»s) y a sectores vinculados a grupos religiosos del crecimiento de la inmigración ilegal haitiana.

«Hay que recordarse que hay sectores que patrocinan la invasión de haitianos para su provecho personal.

Además hay sectores religiosos que defienden eso, lo de la penetración de los haitianos ilegales, y no se les puede poner ni un dedo encima a los inmigrantes porque de una vez denuncian en los organismos internacionales que los están maltratando. Eso es una especie de chantaje», sostuvo López.

Planteó que las organizaciones en lugar de mantener un permanente chantaje contra el gobierno de turno lo que deben es crear mecanismos para solucionar el problema haitiano, pero en Haití.

Refirió que en la provincia de Barahona «hay ONG»s por montones, especialmente en los bateyes, y en el municipio de Tamayo hay un párroco, que tiene dos organizaciones para defender a esos inmigrantes, donde {el mismo ha llevado la voz cantante de llevar denunciar al extranjero para hacerle daño al país».

Dijo que tiene familia en Tamayo y ellos le informaron que el párroco utilizó las ayudas que le fueron enviadas a los damnificados del Huracán George y las dió a los haitianos y no a los dominicanos».

«Lo que pasa es que aquí no hay organismos que le digan la verdad, que enfrenten la situación, y el gobierno tampoco quiere tener problemas con ese sector, y  las instituciones tienen mucho miedo de enfrentar este problema de la inmigración haitiana», expresó.

López dijo que en eso de la actuación de la iglesia sobre la inmigración haitiana hay sectores que están de acuerdo pero otros no pero tienen miedo de manifestarlo.

El abogado Jesús Feliz Urbáez, al referirse al tema consideró que la ilegalidad de la inmigración haitiana profundiza la crisis social, porque la mano de obra barata haitiana le quita la oportunidad a los obreros dominicanos y aumenta el desempleo.

«Esos haitianos están siendo protegidos por las altas instancias, y aquí sabemos que hay un sacerdote, el padre Riquoy, que los protege».

Joaquín Matos, presidente del Círculo de Locutores del Sur señalo que son los grandes terratenientes quienes envían por los haitianos para aprovechar la mano de obra barata que desplaza a la criolla. «Usando mano de obra haitiana, los inversionistas pueden pagar bajos salarios, negar seguro, prestaciones y todo tipo de reivindicaciones legales que engrosan sus ganancias brutas netas anuales».

Es un problema que afecta nuestra cultura y nuestras costumbres. «Ya vemos cómo aparecen Organizaciones No Gubernamentales que son domínico-haitianas y propugnan porque a los ilegales se les considere inmigrantes económicos y se les de refugio en el país. Yo veo que el país tiene grandes problemas internos que tiene que resolver primero antes de resolver el problema ajeno, de lo contrario, seguirá transformándose en una zona aislada, despoblada, desforestada e indigna para que puedan vivir personas», dijo Matos.

El dirigente confirmó que en Barahona se tiene la información de que los haitianos han estado invadiendo propiedades en plena producción y que acosan a los productores con robos de frutos y animales y que ha merecido la intervención de los militares .

«Hay que aplicar las leyes, hay que prevenir esos hechos, porque cuando despertemos, cuando vengamos a darnos cuenta la mitad de la población será haitiana», advirtió.

Culpó a ONG´s que luchan por conseguir status de residentes para los ilegales en el territorio y procuran que las parturientas haitianas en la frontera Oeste pasen a alumbrar a los hospitales nacionales para luego alegar que sus hijos son dominicanos.

Sostuvo que en medio de lo que consideró un chantaje, hay organismos y naciones extranjeras que propugnan por la integración domínico-haitiana,»un asunto que no se puede permitir, porque tenemos muchas diferencias sociales, culturales, de costumbres, de idiomas, es decir que es imposible».

El activista cultural, Luis Peña González abogó porque la Secretaría de Interior y Policía, la Dirección General de Migración y todas las instituciones relacionadas al problema de la ilegalidad del extranjero actúen para regularizar la presencia masiva de haitianos o de otros ciudadanos, porque los dominicanos son perseguidos en el exterior cuando entran a otro territorio ilegalmente.

«Todos los países del mundo tienen sus leyes reguladas en la parte migratoria, si usted está en los Estados Unidos y usted es un ciudadano ilegal lo deportan. Nosotros tenemos que regularizar la migración de todo extranjero que esté en tránsito», indicó.

Antonia Gómez, dirigente comunitaria dijo que «las reglas sobre extranjería, incluyendo a los haitianos, sin agredir y respetando los derechos humanos, deben ser cumplidas, porque de lo contrario vendrá el caos. Si nuestros padres de la patria lucharon para independizarnos nosotros debemos mantener eso».