La República Dominicana y los demás países de la región no cuentan con una regulación o legislación adecuada para manejar el tema de comercio y arbitraje marítimo, en el marco del DR-CAFTA, advirtieron especialistas que intervinieron en la Primera Jornada Centroamericana y del Caribe sobre la materia, efectuada ayer en Santo Domingo.

Ángel Ramos Brusiloff, presidente del IIDM, explicó que a pesar de que el intercambio comercial de los países integrantes del DR-CAFTA requiere en más de un 90 por ciento del comercio marítimo y de la participación de la cadena que interviene en este importante renglón, prácticamente este importante aspecto del intercambio y comercio internacional quedó sin  regulación.

Consideró que “uno de los principales retos que tienen nuestros países, respecto al DR-CAFTA, está relacionado con la libre competencia y el acceso al mercado”.

“Esto necesariamente se encuentra vinculado a romper las barreras o trabas que puedan existir con el traslado y despacho de las mercancías en puertos, y buscar mayor integración a estas actividades, con mayor eficiencia y economía para los Estados, lo que nos lleva necesariamente a descentralizar la participación de la autoridad pública en aquellos puertos que, por su ineficiencia y desinterés, no tienen perspectiva de desarrollo”, explicó.

Por su lado, el doctor Manuel Díaz Franjul, asesor de Comercio Exterior, al pronunciar su conferencia sobre Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), aclaró que “el Tratado tiene carácter plurilateral pero cada uno de los países son partes individuales de éste”. No obstante, “la mayoría de las obligaciones que las Partes asumen entre sí son idénticas, de acuerdo con reglas de común obligación”.

Hizo la salvedad de que “En determinados casos, las Partes han hecho reservas particulares y han formulado excepciones, o también han asumido compromisos específicos, que son de naturaleza diferente entre las Partes, según las especificaciones de cada país”.

En cuanto a la situación comercial de República Dominicana, afirmó que es el quinto socio comercial de Estados Unidos en el hemisferio occidental, y el primero en el área del Caribe.

Asimismo, el doctor Julio Vidal, Director del Centro Permanente de Arbitraje Marítimo (CEAMAR), de Uruguay, sostuvo que “es necesario coordinar esfuerzos para formar una escuela de formación de árbitros, que adopte un modelo procesal común y criterios básicos comunes, sobre ley aplicable y temas del comercio internacional”.

Entiende que el tema del arbitraje cobra vigencia nuevamente, “en especial, por los procesos de integración regionales y por tratados internacionales de comercio o de inversiones que incluyen una cláusula arbitral como medio de solución de controversias, y en algunos temas, como ser conflictos derivados de pólizas de fletamento, abordaje de buques, contrato de reaseguros y otros del derecho del transporte y del derecho mercantil en general”.

Sin embargo, cuestionó que “no hay carrera universitaria ni Universidad que prepare para ello”. La costumbre -indica- es que los gobiernos designen una nómina de árbitros, integrada por abogados de reconocida trayectoria o de personas vinculadas a ese gobierno. “A nivel del IIDM siempre hemos entendido que esa tarea está reservada a juristas, a abogados. Pero la realidad indica que, a veces, esto no alcanza”.

  “Lo que sucede hoy es que nos enfrentamos con una realidad distinta: muchas de las naciones de la región han firmado y ratificado tratados internacionales de integración, de comercio y/o de inversión, y la Justicia del Estado no se ha especializado lo suficiente para dirimir conflictos en temas de alta complejidad derivados de esos convenios y de otros temas como reaseguros, abordajes, compraventa y construcción de buques, pólizas de fletamento, asistencia y salvamento, avería gruesa, y muchos otros del comercio exterior”, explicó.

Asimismo, el doctor Oscar Danilo Morales, consultor de la Organización Marítima Internacional (OMI), de Nicaragua, advirtió que la legislación marítima nacional y convenios internacionales,  “Las normas de derecho marítimo de los libros III y II de los C.C. de los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana son en su mayor parte obsoletas e inapropiadas para regular el transporte marítimo moderno transformado en transporte combinado y multimodal”.