El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) afirma que uno de los factores que ha afectado el desenvolvimiento económico dominicano es la nueva Ley de Lavado de Activos y las regulaciones que limitan el uso de efectivo en transacciones de valores elevados.
En un trabajo en que cuestiona el informe de la más reciente misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó el país, el CRESS explica que “como se sabe, aunque no es cuantificable, la economía dominicana ha dependido mucho del uso de efectivo porque maneja una alta economía informal y muchos de los recursos provienen del lavado de dinero local e internacional”.
En un documento trabajado por su vicepresidente ejecutivo, Ernesto Selman, el CREES agrega que las nuevas regulaciones limitan una cantidad importante de transacciones e incluye una serie de agentes obligados que impone nuevos costos para hacer negocios.
“El sector de la construcción e inmobiliario son particularmente afectados y son sectores que han jugado un papel importante en la economía dominicana”, expresa.
Y advierte que las nuevas regulaciones de lavado de activos afectaron la economía dominicana en 2017 y continuarán hacia el futuro en la medida que no son temas transitorios, sino permanentes.
En cuanto a los cuestionamientos que hace al informe del FMI, el CREES se pregunta, ante el planteamiento de que las medidas monetarias del Banco Central impulsaron el crecimiento, cuán sostenible es depender del crédito permanentemente para crecer.
Con relación a que el empleo y los salarios continúan recuperándose, el CREES señala que la tasa de desempleo del 5.1% utilizada en el informe del organismo internacional es la de desempleo abierta, “que no refleja elementos clave del mercado laboral”.
Además, el CREES sostiene que cuando se observa la dirección del crédito a partir de las medidas monetarias en agosto, “nos damos cuenta que solo el 10% de los nuevos préstamos fueron a la construcción; la mayoría se dirigió al consumo (17%) y al comercio (14%). Cuestiona que el sector construcción haya crecido 15.2% durante el último trimestre del año, “luego de que el propio BCRD indicó que tenía crecimiento nulo (0%) durante los primeros 9 meses del año”.
Por otro lado, afirma que sin decirlo de manera explícita, el FMI reconoce que los déficits fiscal y cuasi-fiscal y su necesidad de financiamiento año tras año pueden representar un riesgo hacia futuro, dado que las condiciones financieras internacionales se están endureciendo.
Además, el CREES cuestiona que al valorar el esfuerzo fiscal hecho por el Gobierno con las reformas administrativas que se hacen desde la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y desde la Dirección General de Aduanas (DGA) para aumentar las recaudaciones con medidas administrativas, el FMI no toma en cuenta que muchas medidas se están tomando de manera discrecional y en base a un sistema tributario que penaliza la actividad económica formal.
Critica la visión fiscalista que tiene el organismo internacional sobre las finanzas públicas y el sistema tributario cuando llama a un ajuste solo por el lado de los ingresos, sin tomar en cuenta la parte del gasto público.