El asesinato de una oficial, escolta de la hija del presidente, el ataque a un miembro de su cuerpo de ayudantes en el interior del país, la muerte de un oficial entrenador deportivo de la Fuerza Aérea y otro del Ejército Nacional, son informaciones que aterran por su coincidencia con importantes cambios estructurales en la Policía Nacional.

Sobre la primera noticia, cabe resaltar algunos datos: Primero, la oficial asesinada fue tomada como presa fácil por sus agresores; como una transeúnte más en la vía pública; a pies, sola y lógicamente desprevenida; segundo, aunque el nivel de respuesta en investigación y arrestos fue aparentemente bueno, nada disuadió a los asesinos en el ambiente; ni la luz del día, ni potenciales testigos, ni posibles cámaras de vigilancia, ni el probable entrenamiento de la oficial y, tercero, se ha planteado que uno de los agresores había sido liberado irregularmente apenas dos semanas antes del crimen.

Esa misma desprotección la tienen otros oficiales de las fuerzas armadas y la policía nacional; el ambiente y los testigos no les importan a los delincuentes porque la mayor parte de la población está intimidada con la horrenda naturaleza y alcance de los crímenes.

Las cámaras de vigilancia son un sueño hasta que despertemos de la pesadilla de los apagones y la justicia dominicana está de rodillas frente a la corrupción y los delincuentes sacan provecho de eso.

Aunque no sé si las vagabunderías de fiscales y jueces están tipificadas en algún código y si son sujetos de investigación y sanción, creo que podría comenzarse por encarcelar los corruptos y adoptar la consigna: Al crimen sin contemplaciones, castigo sin excepciones.