La espiral del crimen consterna cada vez más a la ciudadanía, que se siente temerosa de salir a las calles y regresar al hogar ilesa, y el asesinato por dos motoristas el día siete de este mes de Natacha Teresa Sing, en la barriada de Mendoza, es una arista de la rueda dentada cada vez más pronunciada y filosa de la osadía delincuencial que arropa al país.

El siguiente día del crimen espeluznante de la señorita Sing, el solidario gobierno de la República de China en Taiwán, en la persona de su embajador, Tomás Ping-fu, entregaba al jefe policial mayor general Manuel Castro Castillo, 390 motocicletas donadas a la Policía Nacional por el presidente Ma Yin-yeu.

Reciente, la PN recibió 300 motocicletas dispuestas por el presidente Danilo Medina, el dominicano más preocupado en reducir la escalada aterradora delicuencial que flagela a los ciudadanos indefensos.

Pero, aunque la nueva flota de motocicletas es positiva, la estrategia correcta para ese propósito he de insistir en esta ocasión no recuerdo qué número de veces, consiste en reformar La ley 36 de Tenencia y Porte de Armas de Fuego que data desde el gobierno provisional del doctor Héctor García-Godoy Cáceres, cuando el país era uno y hoy asaz diferente.

La Ley 36 que está archivada en la Cámara de Diputados, introducida por el diputado Ito Bisonó Haza, debe ponerse en agenda y modificarla para que a nadie se autorice portar armas, solo a policías y militares en servicio, y a civiles tenerla en el hogar, negocio o finca, sin excepción.

Las Unidades Sociales Barriales no se han pautado, y sin esos soportes básicos el crimen, por más patrullaje, desbordará el monopolio de la violencia estatal, como acontece.