Las montañas de Constanza, en las que está prohibida la agricultura por ser cuna de nacimiento de importantes ríos, es la víctima del momento para la depredación ecológica. La zona ha sido tomada por grandes productores, entre ellos funcionarios civiles y militares, que monopolizan el uso del agua en el nacimiento, reduciendo los caudales que deben regar la agricultura en el valle. La deforestación observada en numerosas comunidades delata los efectos de este desastre ecológico.

Los ecologistas de la zona ven con alarma la situación. El ritmo de represamiento de aguas y construcción de pozos tubulares es tal, que en poco tiempo el valle de Constanza podría colapsar como zona de alta producción que ha sido. Y peor que la depredación y el caos, es la indiferencia de las autoridades frente a estas prácticas prohibidas en áreas protegidas. Unos pocos, de modo individual, monopolizan el uso de casi toda el agua que debe regar el valle.

El Instituto de Recursos Hidráulicos, los ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente y otras instituciones con jurisdicción en el manejo de aguas y en la planificación de la producción agrícola tienen que tomar cartas en este asunto y afrontar los eventuales costos políticos que puedan derivar de la eliminación de este caos. Unos pocos están agravando los daños que por su naturaleza está causando el cambio climático.

Lo sensato, justo y razonable

La libertad de expresión y difusión del pensamiento no sería tal si se dejara intacta y en alto la guillotina que cortaría los cuellos de los que incurrieren en denominados delitos de prensa. La connotación penal con previsión de prisión dada a estas presuntas transgresiones implica una censura previa inadmisible en un régimen de garantías para las libertades públicas, en un Estado democrático de derechos.

De ahí que la sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad, y en consecuencia anula, de siete artículos de la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, es una decisión sensata que desaloja de nuestro panorama de libertades el fantasma de la censura previa. Esta sentencia, por su naturaleza, vale para cualquier otra ley que pretenda castigar con prisión presuntos delitos de prensa.