La tala de árboles,  extracción de arena y apropiación de terrenos se da con toda libertad en Las Calderas, Baní.  El “Monumento Natural Félix Servio Ducoudray”, o Las Dunas de Baní, como también se le conoce, está siendo depredado por gente que no encuentra obstáculos para su destructiva tarea. La condición de área protegida que se ha atribuido  a esta reserva natural ha dejado de tener  el efecto protector que corresponde en estos casos.

Las huellas del crimen ecológico están expuestas claramente en un reportaje publicado por este diario en su edición de ayer martes. Nadie nos puede venir a decir que el reportero autor de este trabajo ha tenido el privilegio o la pena de ver lo que no han podido o querido ver las autoridades de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿De qué está protegida esta área, si es posible tanta destrucción impune?

Guayacanes y otros árboles endémicos talados allí son difíciles de reponer. La violencia del desmonte no da lugar a reposición. Esa vegetación permitió alguna vez que prosperara la apicultura, de la que vivieron muchas familias. Ya ese medio de sustento no existe y pronto, si no se actúa oportunamente, pasará lo mismo con los árboles. La fauna, también endémica, sucumbe. Nadie con autoridad ve este crimen ecológico.

Castigo para esa agresión

La autoridad judicial de Puerto Plata tiene en sus hombros la responsabilidad de impedir que quede impune la agresión de que fueron objeto los camarógrafos Luis Manuel Báez, de Telesistema Canal 11 y César Santos, de CDN, así como el chofer Juan Disla. Fueron atacados por un grupo de personas armadas de pistolas, garrotes y piedras que dicen ser propietarias de unos terrenos donde el 24 de septiembre fueron incendiadas varias viviendas de campesinos que ocupan los predios.

La agresión contra los camarógrafos y el chofer ya tenía como antecedente la quema de varias viviendas en un intento de desalojo no autorizado por la justicia. La autoridad judicial no puede pasar por alto que los reporteros fueron atacados cuando ejercían una función protegida por la ley. La constitución en  turba, las agresiones físicas y la destrucción de propiedades son actos con penas previstas en nuestros códigos. Que la Justicia haga su papel.