La violencia homicida se ha estado manifestando últimamente con particular intensidad en la ciudad de Santiago y comunidades cercanas.

Unas veinte personas fueron victimadas en hechos que ocurrieron en un lapso de apenas dos semanas, de acuerdo con los registros de la prensa.

En el seno de esa sociedad crece la preocupación por lo que se interpreta como una escalada que ha incluido la acción evidente de sanguinarios asaltantes que dieron muerte a varios taxistas. Parecería que estos choferes del transporte público resultan el blanco favorito de malhechores.

La incertidumbre de los santiagueros tendría particular justificación al no vislumbrarse en ese medio, como tampoco en otros lugares del país, la aplicación efectiva de esfuerzos que reduzcan la criminalidad y la violencia que emerge fácil, hasta por lo trivial. Con frecuencia, individuos sellan con sangre conflictos personales.

Mucho se critica el porte, sin la debida restricción, de armas de fuego. Poco se hace para conjurarlo. Cualquiera por ahí puede estar loco de atar, conocérsele un dudoso pasado o haber ganado fama de irresponsable y agresivo en la sociedad y ello no impedirá que lleve una pistola al cinto legalmente.

Para nadie es un secreto que el gran crecimiento de la población dominicana, incluyendo Santiago, ha ido dejando atrás en su pobreza, escasos medios científicos, reducido número de agentes e insuficiente capacidad de movimiento, a la Policía Nacional, guardiana del orden.

La sociedad, impotente, sabe lo que significa que el nivel de escolaridad promedio es aquí de un cuarto curso, una insuficiencia que acentúa la marginación que sirve de caldo de cultivo a las inconductas, con un Estado situado entre los que en este continente menos recursos dedica a la educación.

Que no se ufanen las autoridades con bonitos discursos contra la delincuencia si al mismo tiempo contribuyen, indirectamente con omisiones e irresponsabilidades, a que prospere.

[b])Parquímetros?[/b]

Una curiosa discusión se manifiesta ante los ojos de los munícipes. Una compañía que obtuvo de viejo sin bases técnicas ni estudios de factibilidad y tributación un contrato para colocar aparatos en las calles para cobrar el estacionamiento de vehículos se muestra dispuesta a proceder a ello, aún con la oposición resuelta de las actuales autoridades del ayuntamiento del Distrito Nacional.

Obsérvese que no se trataría de una concesión a empresarios que han dotado a la comunidad de instalaciones de servicio para ganar así el derecho de cobrar y recuperar su inversión.

No. El parquímetro es un medio de recaudación; se utiliza para gravar al ciudadano por el uso de lugares públicos, pero recaudar por ese medio es algo que las autoridades legítimas deben resistirse a delegar.

Puede calificarse de absurdo además que se pretenda cobrar por el estacionamiento en zonas céntricas sin un proceso de inversiones que previamente construya y habilite lugares seguros para que los ciudadanos puedan colocar sus vehículos fuera de las calles.

La ocupación de vías públicas para estacionarse, sobre todo en áreas céntricas, es un problema urbano de magnitud. Es el caso de la zona intramuros, convertida en laberinto casi intransitable, con los carriles para rodamiento severamente disminuidos.

Pero la solución no puede ser penalizar masivamente a los automovilistas que no tendrían, de todos modos, dónde colocar sus vehículos en lugares más apropiados.

La acción solitaria, unilateral y privatizadora de colocar parquímetros es inadmisible.