Es difícil que haya un país que no tenga crímenes sin esclarecer. En ninguna parte hay autoridad infalible y la sagacidad y la inteligencia tanto pueden estar del lado de la ley como del que la viola. Aquí, pues, no escapamos a esa realidad. Pero los casos permanecen sin esclarecer por una de tres causas: la investigación no llega donde tiene que llegar por causa de limitaciones, o la investigación se engaveta o, y esto sí deberíamos evitarlo, la investigación no se atreve a tocar ciertos altares. Siempre debemos procurar que nuestras investigaciones sobre crímenes no mueran en una gaveta y mucho menos que no seamos capaces de sacudir cualquier altar.

El sangriento asalto contra Vimenca es uno de los que -según se percibe desde afuera- ha quedado en una especie de limbo. No olvidemos que alguna vez las autoridades dijeron que ese caso “estaba casi resuelto” y prometieron dar sus detalles. En el mismo limbo permanecen los  asesinatos del técnico aeronáutico Angel Christopher Martínez y otros muy sonados ejecutados al estilo mafia. Que haya casos pendientes  de resolver no es grave si  permanentemente estamos manoseando y desempolvando esos expedientes, buscando nuevas pistas, indicios o -mejor aún- evidencias probatorias. Pero por nada del mundo permitamos que haya casos pendientes por temor a sacudir altares, por cansancio o por causas  peores.

Cargas fiscales y comunicaciones

El sector de las comunicaciones ha sido uno de los más influyentes en el PIB del país. Su crecimiento ha sido  sostenido  y cada vez hay más inversiones nuevas en este campo. Su potencialidad es tal, que ha crecido a pesar de que las cargas fiscales constituyen una tara enorme. En telefonía, por ejemplo, la expansión de la red celular ha sido asombrosa y la cobertura cada vez mejor.

Pero los altos impuestos cargados a telefonía, internet y otras modalidades de transmisión de voz, multimedia  y data están dificultando la competitividad del país ante otras naciones del área, aparte de que limitan el acceso de la población a servicios de gran importancia para la educación y expansión del conocimiento. El director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), José Rafael Vargas, ha planteado la necesidad de una reducción del Impuesto Selectivo al Consumo y el Itebis aplicados a estos servicios. La revisión sería un acto de justicia.