ROSARIO ESPINAL
La democracia, o gobierno del pueblo, tuvo su último resurgimiento en América Latina a fines de los años 70 y principios de los 80. Fue parte de un movimiento de cambio político que se produjo en distintas partes del mundo y se conoció como la tercera ola de democratización del siglo XX.

Las expectativas de cambio en aquel entonces fueron significativas. Los países de América Latina salían de gobiernos dictatoriales que habían dominado la región en el contexto de la Guerra Fría, y la utopía democrática invadía y motivaba las energías políticas de amplios segmentos sociales.

Al avanzar la década del 80 bajo una fuerte crisis económica, la ilusión democrática se fracturó pero no murió, a pesar de las fuertes limitaciones de los gobiernos latinoamericanos de esa época para impulsar cambios hacia una democracia de derechos políticos y sociales.

La crisis del comunismo ante el deterioro político y económico de la ex Unión Soviética y el colapso de los regímenes comunistas de Europa Oriental en 1989, marcó el fin de las utopías socialistas, y con ello, el polo crítico que había servido de motivación para que las sociedades capitalistas desarrolladas incorporaran elementos de protección social a la ciudadanía desde fines del siglo XIX hasta los años 70.

Removido el socialismo del espectro internacional, las democracias latinoamericanas se vieron menos constreñidas por las amenazas de grandes protestas sociales. Los gobiernos se plegaron en sus políticas económicas a las doctrinas neoliberales promovidas por los países capitalistas desarrollados y las agencias internacionales. Y a lo interno, los estados latinoamericanos se deterioraron rápidamente por la corrupción y el clientelismo rampante que utilizaron como mecanismo clave de gobierno.

El resultado fue que hacia mediados de los años 90 las democracias latinoamericanas comenzaron a enfrentar un fuerte deterioro, antes incluso de haberse consolidado como sistemas de garantías de derechos. Para gobernar, partidos de diversas ideologías y líderes de distintas variantes carismáticas, optaron por ejercer el poder al margen de preceptos legales y honestidad pública.

Este fenómeno se agravó con la profundización de los niveles de pobreza en la región, producto de la espiral ascendente de endeudamiento externo e interno, y de las medidas de ajuste destinadas a mejorar las finanzas públicas mediante una reducción sustancial en los niveles de ingreso y consumo de la población.

Conjuntamente, los gobiernos y empresarios de la región mostraron incapacidad para ajustarse a los desafíos de la nueva economía internacional basada en el conocimiento y la tecnológica, mientras la clase política latinoamericana se mostró incapaz de asumir la democracia como un objetivo a alcanzar, no un instrumento a manipular.

El resultado de este proceso es que las democracias latinoamericanas que emergieron a fines de los años 70 y principios de los 80 se han transformado en los que podríamos llamar «crimicracias» o gobiernos de injusticias, ilegalidad y criminalidad.

¿En qué consisten las crimicracias de la América Latina contemporánea?

Son sistemas que preservan algunas conquistas democráticas, como las elecciones y la protección de derechos civiles a la libertad de expresión y asociación, aunque a veces esos mismos derechos se vean restringidos por fraudes electorales o por ataques violentos a la prensa, a figuras públicas, o a la ciudadanía en general.

Son sistemas donde el dislocamiento económico prevalece sobre la estabilidad económica, con el consecuente deterioro permanente y progresivo de los niveles de vida de la mayoría de la población. Donde la economía de la ilegalidad se impone, ya sea a través del narcotráfico, del tráfico de seres humanos, del tráfico de influencia, o de contratos estatales nocivos al bienestar público. Y donde la combinación de la criminalidad organizada y la criminalidad callejera crean un estado de temor e inseguridad en la población.

Son sistemas que se han mostrado incapaces de ofrecer un ordenamiento institucional que proteja los derechos sociales fundamentales de la ciudadanía a la educación, la salud y otros servicios básicos esenciales en una sociedad moderna.

Son sistemas donde la política se ha convertido en un mecanismo fundamental de enriquecimiento ilícito, promoviéndose y aprobándose la corrupción y el clientelismo desde casi todas las esferas de la sociedad, a través de la distribución ilegítima de los recursos del Estado a muchos incumbentes de cargos públicos, sus partidarios y contribuyentes privados.

Son sistemas que no han podido establecer e implementar las nociones básicas de un Estado de Derecho porque ni el sistema judicial, ni el policial, ni el militar han pasado por un proceso de saneamiento, condición fundamental para que América Latina diera el salto a la democracia liberal.

Son sistemas donde la población, en una alta proporción, considera que los países están gobernados para el beneficio de los poderosos, desea un sistema donde hubiese más orden y bienestar económico, y se siente muy descontenta con un sistema que cada vez se parece menos a una democracia y más a una crimicracia.