El país está consternado y desesperanzado ante la creciente ola de la criminalidad que arropa a todo el territorio nacional, con particular énfasis según parece, en la zonas marginadas del Gran Santo Domingo, el Cibao Central, Puerto Plata y La Romana; que viene acompañada de la frecuencia casi diaria de feminicidios en la República Dominicana.
Frente a esta situación que amenaza con ahondar más la crisis social y económica que padecemos; el Gobierno ha dispuesto lo único que se le ocurre frente a problemas como este: operativos policiales y militares, con “intercambios de disparos” y “suicidios forzosos” de personas detenidas; expedientes desacreditados por sus fracasos y el carácter asesino que asumen los cuerpos armados, que en lugar de confianza, genera temor y odio en la población dominicana.
La criminalidad dominicana es fruto de diversos factores desencadenantes que no se cambian con la violencia policial o los simples “allantes” a que nos tiene acostumbrados el Gobierno, sino adoptando medidas firmes y racionales de corto, mediano y largo plazos, que reduzcan el desarraigo familiar, el desempleo y subempleo, la infame educación que recibimos, la corrupción galopante, la impunidad, la torpeza policial, el culto a la violencia, el machismo y la falta de oportunidades que existen, particularmente para la juventud, que alcanza al 30% de jóvenes que no trabajan ni estudian.
Se necesita sanear profundamente la Policía Nacional y la Justicia, castigar ejemplarmente la violencia de género, crear empleo masivo modernizando la agropecuaria, la industria y los pequeños negocios; del mismo modo que perseguir y sacar del Gobierno a los promotores de la corrupción y la impunidad.
Tampoco se resuelve esta situación con el desarme general de la población, que despojaría de su defensa a propietarios de negocios y fincas, sino arrancando las armas que están en manos de los delincuentes, y parando en seco el contrabando masivo de armas, extranjeros, drogas y mercancías por las vías marítima y terrestre que padece nuestra nación. Ello aparte de la frustración económica y social de un amplio sector de nuestra población que la descarga con reacciones violentas e irracionales.
¡No más violencia incontrolada con robos y corrupción que se alientan desde el poder político a todos los niveles! ¡No más justificación del machismo, de acuerdo al cual se valida muchas veces a nivel policial y judicial la violencia doméstica bajo el manto del comentario de “son cosas de marido y mujer”!
Hoy más que nunca se justifica una cruzada educativa que vaya mucho más allá de la construcción de aulas y almuerzo en las mejores escuelas; y que se deje atrás la hipocresía de encubrir la violación, el incesto y desprotección de la salud materna en nombre de la religión; porque eso es también violencia contra los marginados de siempre, que son la gran mayoría de las mujeres que enfrentan el aborto.