El  tema del cúmulo de penas ha vuelto al tapete, empujado por la frustración que provoca la abundancia de crímenes horrendos y el trato benigno que reciben sus autores. El más reciente postulado sobre el particular es de la jefatura de la Policía, que propugna la instauración del cúmulo de penas para evitar que gente inculpada de varios crímenes solamente sea sancionada por el más grave. Desde 1920 y por resolución de la Suprema Corte de Justicia, en el país fue instaurado el no cúmulo de penas.

Nuestro sistema judicial tiene que acoger como válida la premisa de que es irracional que una persona que haya cometido varios crímenes asociados entre sí, sea condenada únicamente por el más grave de todos. El no cúmulo de penas deja la sensación de que es inconsecuente que solo sea sancionado por uno de sus crímenes un individuo que haya matado a un taxista para robarle el vehículo con el que luego cometió  un asalto sangriento y que en la escapada haya atropellado a un niño.

El  país necesita reconsiderar los criterios  procesales vigentes y procurar medios para evitar que queden sin sanción los delitos accesorios o conexos a grandes crímenes y que son una constante en la delincuencia organizada. La fiereza actual del crimen parece haber diluido las causas que en 1920 justificaron la instauración del no cúmulo de penas.

Auxiliares de la transparencia

Tanto como la observación de las elecciones por parte de organismos debidamente calificados y acreditados, las encuestas “a boca de urna” son un verdadero soporte para la transparencia de un proceso de votación. Basta que los realizadores de estos sondeos se acojan estrictamente a las regulaciones que traza la ley electoral, como la distancia que debe guardarse de los recintos de votación y la reserva en que deben mantenerse los resultados de estos sondeos.

La democracia nuestra ha madurado lo suficiente como para que asimilemos como normales ejercicios como la observación electoral, las encuestas a boca de urna y el papel que juegan las redes sociales. Cada uno resulta un soporte para la transparencia siempre que medie la prudencia y el respeto por las disposiciones de la Junta Central Electoral, que es la suprema autoridad en esta materia.