El Secretario General de las Naciones Unidas, el coreano Ban Ki-moon, ha sentenciado una dinámica esencial para las perspectivas de nuestros países, sobre todo aquellos que, de una u otra forma e intensidad, tratan de ser utilizados como tránsito y plataforma de sus operaciones por parte del narcotráfico internacional: “No tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos ninguna de las dos cosas si no se respetan los derechos humanos”.

No puede interrelacionarse de otra manera cuando la Alianza Internacional para la Consolidación de la Paz – INTERPEACE – institución vinculada a la ONU, nos brinda estadísticas fatídicas sobre los niveles de criminalidad que azotan a las sufridas naciones de América Central, región considerada como la más peligrosa del mundo.

La tasa media mundial de homicidios se sitúa en los 6,9 asesinatos por 100 mil habitantes pero en América Central el promedio alcanza los 41 homicidios por cien mil personas con grandes diferencias entre las naciones que integran el llamado Triángulo del Norte – El Salvador, Guatemala y Honduras – y las que conforman el conocido como Triángulo del Sur – Costa Rica, Nicaragua y Panamá – con diferencias que van de 8,9 homicidios por 100 mil personas en Costa Rica y 12 en Nicaragua y 91.6 en Honduras, calificado como el nivel más alto del mundo. En la génesis del problema están los graves problemas socio-económicos que padece la región los que resultan caldos de cultivo para la violencia la que, asimismo, genera más pobreza y marginalidad: verdadero círculo maldito. Las organizaciones del crimen organizado reclutan miembros entre los sectores más vulnerables de la sociedad, especialmente  jóvenes.

El narcotráfico es el gran generador de violencia en la región, una de las más importantes rutas del mismo a nivel mundial, centrado en el objetivo de los diferentes grupos, o carteles, en imponer su control sobre territorios y mercados, las guerras entre ellos para eliminar competencia y como recurso de solución de conflictos. En su afán va introduciendo nuevas modalidades de presencia en los países que eran solo visualizados para el tránsito hacia Estados Unidos y empiezan a involucrarse en la producción como las plantaciones descubiertas en Nicaragua y laboratorios desarticulados en ese país e, incluso, en la República Dominicana.

Toda esa actividad va creando un escenario trágico y de terribles consecuencias: debilidad del Estado con pérdida de presencia territorial, el que se recurra a seguridad privada – expresión de mayor desigualdad social -, extensión de la corrupción y pérdida de credibilidad y capacidad de la democracia. Según reportes, en la primera década del siglo XXI murieron 1,400000 latinoamericanos – la región más desigual del mundo -, víctimas de la violencia.

Estudios del Banco Mundial muestran que la violencia provoca un impacto negativo en el PIB de la región del orden de un 8% y han logrado establecer una correlación según la cual si se alcanza una contracción del 10% de los homicidios en Centroamérica tendría como efecto un incremento del 1% el PIB anual.