Ámsterdam. Las políticas de “fin de la demanda» que penalizan a los clientes ponen en riesgo la vida de las prostitutas y reducen su protección contra el VIH al verse obligadas a ejercer a escondidas de las autoridades, denunciaron hoy varias trabajadoras sexuales en la Conferencia Internacional del SIDA.

“Estamos cansadas de la gente que viene con políticas moralistas a ilegalizar las cosas en nuestra casa y a decir que las prostitutas somos malas o víctimas. No lo somos. Hemos elegidos ejercer y aportamos mucho dinero a la economía de nuestros países”, denunció Dudu Dlamini, líder del movimiento de trabajadoras sexuales Sisonke, en Sudáfrica.

En una rueda de prensa en Ámsterdam, Dlamini exigió “respeto y reconocimiento a las prostitutas como seres humanos y como trabajadoras” y aseguró que las profesionales del sexo son “madres, padres de sus casas, hijas y hermanas, que trabajan a diario para levantar la economía del país” con el uso de hoteles, restaurantes, colegios y otros servicios.

Un estudio científico, con contribuciones de defensores de la prostitución, publicado hoy en la Conferencia, denuncia que las leyes del “fin de la demanda” de los servicios sexuales están también reduciendo la protección y el acceso a los servicios contra el VIH porque las trabajadoras “se ven obligadas a esconderse” de la Policía para poder ejercer.

El informe, que incluye dos análisis críticos de las leyes en Francia y Canadá, explica que este tipo de normativa -que se está considerando cada vez más en múltiples países, entre ellos España tiene un efecto negativo sobre el acceso a los servicios esenciales, incluida la prevención y atención del VIH, y obliga a las prostitutas a ejercer en condiciones “poco sanas».

“Estos estudios merecen una consideración cuidadosa. Si estas leyes crean nuevas barreras para la prevención y atención del VIH, entonces es una preocupación muy importante”, añadió la presidenta de la Sociedad Internacional del SIDA, Linda-Gail Bekker.

Las conclusiones sobre la ley francesa muestran que el impacto más directo de una norma que penaliza a los usuarios de la prostitución está en “la vulnerabilidad socioeconómica de las trabajadoras sexuales, incluyendo un aumento en la violencia experimentada, unas condiciones de trabajo degradantes y las consecuencias negativas” para la salud.

“En Francia, estamos peor que antes porque las prostitutas tienen que trabajar en zonas más aisladas para no ser vistas por la Policía que detiene a sus clientes. Muchas se van a otras ciudades, se esconden para trabajar, y no demandan los servicios sanitarios ni de control del VIH”, alertó la investigadora de la Sciences Po de Paris, Hélène Lebail. Añadió que, en general, esta situación hace que las trabajadoras sexuales estén “mucho más criminalizadas” que los clientes, provocando también un “aumento de la estigmatización” y del “riesgo» para la salud y vida de las prostitutas.

Por otro lado, Elena Argento, de la Universidad de Columbia, analizó la Ley de Protección de las Comunidades y de Personas Explotadas, una política adoptada por Canadá en 2014 que despenaliza la prostitución pero persigue a sus usuarios.

Aseguró que desde hace cuatro años, se ha reducido la conciencia sobre la atención al VIH, así como el interés por la atención primaria destinada a las trabajadoras sexuales, y denunció que ese enfoque legal puede “exacerbar las barreras” a los servicios dirigidos a las prostitutas.

Los autores del informe también encontraron una disminución en el uso del preservativo y una mayor movilidad dentro de las propias ciudades y fuera de ellas, lo que lleva a las trabajadoras a ejercer en lugares que desconocen. “No hay otra opción posible más allá del reconocimiento total, la legalización y la protección de la prostitución.