M. DARÍO CONTRERAS
Sé que este título hará pensar a muchos que estamos tratando de apañar lo ocurrido con los manejos turbios e ilegales de los tres grandes bancos quebrados   Baninter, Bancrédito y Mercantil.   Sin embargo, nada puede estar más lejos de nuestro propósito. Lo que pretendemos es ir un poco más allá de los alegatos jurídicos y enmarcar estos alevosos acontecimientos como parte de un sistema de condescendencias e irresponsabilidades que hicieron posible que unos RD$100,000 millones de pesos fuesen malversados en provecho de unos grupos entre los que se encontraban varios representantes de distinguidas familias dominicanas.

En primer lugar, como se ha denunciado y mostrado, las acciones delictivas cometidas por los directivos de los bancos quebrados fueron realizadas a través de un sinnúmero de años ante las mismas narices de las autoridades monetarias, amén de los subterfugios empleados por los acusados y ante posibles debilidades de las normas regulatorias bancarias. Cuando las autoridades quisieron reaccionar ya era muy tarde y los remedios quizás los no indicados, como es el caso de violar las disposiciones legales para tratar de subsanar el gran daño ocasionado, incurriendo en prácticas que cuestionan las verdaderas intenciones de solucionar la crisis mediante los medios establecidos por las leyes y los reglamentos vigentes, quizás revestido de un trasfondo político.

También se ha colado la impresión,   por no decir la certeza,   de que no solamente los bancos intervenidos eran los únicos que utilizaban prácticas reñidas con la ley, sino que todos los grandes bancos tenían también manejos similares a los que hoy cargan con todo el peso de la ley. Debemos reconocer, sin embargo, que quizás estos otros bancos no habían incurrido en tan graves faltas o desfalcos y su situación llegó a ser manejable por las autoridades monetarias para evitar peores daños, como el posible colapso de nuestro sistema bancario. Lo cierto es, apreciados lectores, que no podemos evitar hacer una conexión entre una supervisión bancaria muy deficiente y unas operaciones bancarias fraudulentas.

Además de los grupos y ejecutivos bancarios que se beneficiaron del manejo alegre e irresponsable de los fondos puestos en sus manos para ser debidamente administrados, como parte de este tinglado de ilicitud y burla al pueblo dominicano, están aquellos que se aliaron y beneficiaron de cuantiosos préstamos sin garantías, asignaciones sin justificaciones, o simplemente «prestaron» sus nombres para encubrir los manejos turbios de los que dirigían toda esta red de aprovechados con ínfulas de potentados y modernos cresos, que no parecían tener límites para saciar sus inflados egos de grandeza y ambiciones desmedidas, quizás queriendo emular a los jeques árabes que miden sus riquezas a borbotones del oro negro que brota debajo de sus pies.

Los excesos cometidos por el grupo de banqueros acusados, con la anuencia de una ineficaz supervisión por parte de las autoridades monetarias en más de un gobierno, acompañados por todos aquellos que se confabularon para celebrar la fiesta de los millardos   pudiendo entre todos sumar unos cuantos cientos   es, en nuestra opinión, un fiel reflejo de la acentuada crisis de valores que tenemos en la República Dominicana. Esto de ninguna manera exonera el infringir la ley, pero sí nos obliga a mirar más allá de los que hoy se encuentran en el banquillo de los acusados. Estos, al igual que los que debieran estar sentados juntos a ellos, llegaron a ser tan audaces por la inveterada impunidad que ha reinado en nuestro país, especialmente para los violadores de cuello blanco. Ellos deberán recibir todo el peso de la ley como justa sanción por sus violaciones y por lo que le ha costado a toda la nación dominicana, pero también como señal inconfundible de que la era de la impunidad comienza a ser historia en la República Dominicana.