Crisis de energía

Crisis de energía

La necesidad de que a corto o mediano plazo el país logre una solución al grave problema energético obliga a enfrentar dos situaciones adversas que han persistido por mucho tiempo.

Una es el precio del kilovatio, que se deriva de costos de generación que siguen siendo muy altos, unas veces por el tipo de plantas y combustibles predominantes, y otras porque el mercado amarrado a algunos contratos onerosos que solo benefician a entes que, incluso, reclaman pagos aunque no hayan hecho lo necesario para merecerlos.

De otro lado, a las autoridades y a otros agentes del sector les ha faltado valor y eficacia para elevar los cobros de la facturación de energía y reducir los fraudes y conexiones irregulares.

Hubo algunos avances y mejorías de perspectivas al tratar de incrementar los de cobros, por lo menos hasta las vísperas de las pasadas elecciones, pero luego vino un desplome.

La propia incapacidad de brindar energía sin prolongadas interrupciones incentivó a usuarios a negarse en forma generalizada a pagar la facturación, sin dejar por ello de consumir.

Las consecuencias han sido muy nocivas; el gobierno y las compañías de distribución (dos de las cuales le pertenecen al Estado) son responsables de la gravosa falta de equidad que se refleja en el pago demasiado alto del suministro precario a que están forzados los consumidores que no eluden responsabilidades.

Los apagones persisten no solo como un problema para el desenvolvimiento de las familias sino también como causa de graves obstáculos a las metas de productividad y rentabilidad a que se obligan los industriales dominicanos, estando en marcha un proceso de integración comercial.

Se abocan a competir con países que no se encuentran en estas «sombras del subdesarrollo» que significa carecer de un sistema energético que sirva eficientemente.

-II-

Hay aspectos confusos en el ámbito eléctrico. Tiempo atrás se anunció la reconversión de termoeléctricas para basarlas en carbón más que en petróleo, pero nunca se ha explicado bien por qué las unidades modificadas están frecuentemente fuera de línea.

El sello de «apagones financieros» no siempre encaja para esta inactividad, mientras se acentúa la impresión de que algo está fallando en la reingeniería de empresas que en un 50% pertenecen al Estado, ¡al pueblo! que merece una explicación veraz.

De otro lado, la instalación hace un tiempo de una gran generadora que funciona con gas natural en Boca Chica ha devenido en un alarmante caso de subutilización por incongruencias y desfases en las relaciones entre el Estado y la AES, la compañía propietaria. En adición, el gobierno ha enviado por lo menos tres misiones de alto nivel a Trinidad-Tobago en gestión de créditos para obtener suficiente combustible para la operación permanente de las unidades de gas. Habría que determinar la causa de que los esfuerzos oficiales en ese sentido hayan resultado inútiles hasta ahora.

Otro caso preocupante: el gobierno ganó el mérito de restablecer la normalidad en las relaciones con Venezuela y se formalizó un tratado ventajoso para República Dominicana para diferir considerablemente el pago del crudo importado para generación eléctrica.

Sin embargo, desconcertantes informaciones, bastante oficiales, hablan de problemáticas y negativas influencias de intereses de terceros que impiden la plena vigencia del convenio dominico-venezolano.

No se debería permitir que una falta de firmeza y voluntad puedan cerrarle caminos al país en su búsqueda de solución a un problema de primer orden como es el de la energía.

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