Era casi inevitable que en el juicio político efectuado en el Senado y que determinó la renuncia de ocho y destitución de uno de  los nueve miembros de la Cámara de Cuentas se batieran los polvos de nuestras ancestrales debilidades institucionales. Al exponer en ese juicio, el senador por Santiago, Francisco Domínguez Brito, advirtió que nuestra democracia  está amenazada por una crisis de responsabilidad que se caracteriza por el hecho de que cada uno evita tener problemas con otros y se hace indiferente ante los problemas, actitud que se transfiere de los individuos a las instituciones.

Lejos de ese escenario, al comparecer a Uno + Uno de Teleantillas, el sociólogo César Pérez decía que al crecer y hacerse fuertes, los partidos políticos han limitado enormemente las funciones del Estado.

La exposición del senador y los razonamientos del sociólogo nos dan argumentos de sobra para reclamar que la sociedad se ponga en pie ante una amenaza real que es fruto de un concierto de complicidades del cual es imposible segregar a los partidos políticos. Por vías de los arreglos y consensos se ha llegado a manipular la razón y la lógica de la conducción del Estado, y cada uno ha buscado formar su escudo protector para cuando se presente la posibilidad de algún cuestionamiento sobre nuestras actuaciones. Hay razón de sobra para temer esa crisis de responsabilidad.

Cláusulas inconsecuentes
Nos confesamos incompetentes para comprender cómo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) faltan sanitarios para los estudiantes y, sin embargo, se mantiene intacta una resolución como la 90-22, del 7 de febrero del 1990, que dispone que a las autoridades administrativas y académicas se les sigan pagando sus sueldos hasta seis meces después de haber cesado en sus funciones.

Nos resulta difícil discernir si la falta de sanitarios y el pago por labor no rendida son actos complementarios, contradictorios o recíprocos, en una academia que debería defender con más gallardía los intereses del pueblo al que se debe. Se creía que estas cláusulas inconsecuentes eran posibles en otros ámbitos y que no podían tener cabida allí donde la vocación se proclama populista. Esa resolución, y suponemos que muchas otras, disfrazan de reivindicación social algo que meramente es abuso contra los bienes de la colectividad.