En la marcha hacia las elecciones presidenciales del 16 de mayo de este año, ciertas ocurrencias inquietantes permiten deducir que aquella crisis de solemnidad que afectó hace algún tiempo la armonía y credibilidad de la Junta Central Electoral (JCE) no quedó del todo disipada, y que, en el fondo, no parece que hayan servido de mucho los reemplazos y ampliaciones realizados para corregir la situación.

El anterior presidente del tribunal electoral, doctor Manuel Ramón Morel Cerda, renunció del cargo en medio de disparidades y contradicciones internas entre los miembros de la JCE, lo que había creado un estado de cosas que minaban la credibilidad.

La suspicacia, la sospecha legítima, tiene ahora motivaciones que en la forma difieren de las anteriores, pero que en los efectos son nocivas, muy nocivas. A raíz de la litis jurídica surgida en torno a sendas reuniones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) convocadas por dos sectores en pugna de esa organización, la JCE debió ejercer su papel de tribunal en materia contenciosa y emitió una sentencia que se entendió que desborda sus propias facultades, pues supuestamente violó la intimidad estatutaria de ese partido al conformarle un comité ejecutivo que en términos legítimos y legales sólo puede ser parido por una asamblea de dirigentes o convención.

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Como tribunal colegiado que es, la JCE es susceptible de tener en su seno gentes con diferentes formas de pensar, con diferentes puntos de vista. Ahora bien, estas disparidades se filtran al público a través de sentencias y resoluciones que son decididas por mayoría y en cuya aprobación prevalece el criterio sustentado por el mayor número.

En las circunstancias actuales, vemos con mucha preocupación cómo estas disparidades toman cuerpo de declaración pública, a persar de tratarse de materias susceptibles de ser juzgadas en la jurisdicción a la cual pertenecen los jueces declarantes.

Por un lado, el juez Ramón Antonio Hernández Domínguez, de la Cámara Contenciosa, afirma que no le confiere calidad a los dos principales dirigentes del PRD. ¿Cómo perdió de perspectiva este magistrado, la posibilidad de que le correspondiera actuar, como juez de lo contencioso que es, para dilucidar la legitimidad de esas calidades que él de modo personal descalifica?

La legítima preocupación por estas ocurrencias se alimenta también porque el presidente de la Junta, Luis Arias Núñez, y los jueces de la Cámara Contenciosa, Luis Nelson Pantaleón González, Roberto Rosario y José Luis Tavárez Tavárez, también airean el mismo asunto a través de los medios de comunicación, aún cuando lo han hecho a modo de reprimenda.

Como se ve, hay demasiados motivos para sentir suspicacia y temor por las cosas que han estado pasando en la Junta y que de no cesar, pueden poner en entredicho la diafanidad de un proceso que debería conducirnos hacia las elecciones presidenciales de mayo sin que hubiere lugar a legítimas sospechas que son indudable secuela de esa crisis de solemnidad que afecta a este instrumento de la democracia.

No ponemos en duda la integridad de los miembros de la JCE. ¡Dios nos libre de ello! Lo que sí entendemos es que los magistrados deben ser un poco más cautelosos a la hora de hacer sus pronunciamientos, dado que a ellos se ha confiado una labor de capital importancia para el futuro de la nación.