CARACAS
AFP
La crisis venezolana entró en una nueva etapa de tensiones, con un país bajo estado de excepción y los opositores resueltos a seguir presionando en la calle por un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
En medio del descontento popular por la creciente escasez de alimentos básicos y medicinas, además de los cortes cotidianos de luz y agua, y la inflación más alta del mundo, Maduro dio muestras de radicalismo en los últimos días. El viernes extendió un decreto de emergencia económica vigente desde enero, pero sorpresivamente le añadió el estado de excepción por tres meses. No descartó incluso prorrogarlo sucesivamente hasta 2017.
Aún no se publica el texto de la medida, que suele restringir el derecho de protesta y de reunión, y autorizar detenciones y allanamientos sin orden judicial. Por lo pronto, Maduro ordenó tomar las fábricas paradas poniendo en la mira cuatro plantas cerveceras de Polar -principal productor de alimentos y bebidas del país-, cesadas por falta de divisas para comprar insumos dentro del férreo control de cambios.
«Este gobierno actúa de forma autoritaria para mantenerse en el poder», dijo este lunes el diputado opositor Tomás Guanipa, en rueda de prensa.
El gobierno justifica el estado de excepción en un supuesto complot de Estados Unidos y líderes opositores para intervenir en el país con las mayores reservas petroleras del planeta, so pretexto de una «crisis humanitaria». Ante esa «amenaza externa», ordenó realizar ejercicios militares el próximo sábado. El presidente también fundamenta el estado de excepción en la necesidad de tomar medidas drásticas contra la «guerra económica», que según él ejecutan la oposición y empresarios de derecha para inducir la escasez y lanzar al pueblo en su contra.
En ese marco, desplegó un plan para el abastecimiento de productos básicos subsidiados sin intermediarios, y se comprometió a flexibilizar el control de precios a cambio de que algunas industrias eleven la producción.
Pero las señales de radicalización van más allá del mandatario socialista, cuya gestión reprueba el 68% de los venezolanos, según la firma Venebarómetro. El vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, desestimó el domingo la posibilidad de que el heredero político del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) sea revocado mediante un referendo. «Aquí no va a haber referéndum», dijo Istúriz.