La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y la Asociación Dominicana para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Defensores Públicos advirtieron ayer que el sistema de justicia penal podría colapsar si el Gobierno no incrementa la asignación presupuestaria a la Defensoría Pública, para la que exigen RD$ 765,136,437.45.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, y Marcia Ángeles, presidenta de la asociación, resaltaron las precariedades en que actualmente se desenvuelve la entidad pública que lleva el 69% de los 37,500 casos penales de adultos, y el 96% de adolescentes.

En rueda de prensa conjunta, informaron que debido a la falta de recursos en la actualidad solamente hay abiertas 23 Oficinas de Defensoría Pública, en violación a la Constitución que establece que sean 35 a nivel nacional.