El debate nacional sobre la crisis económica y financiera de la República Dominicana gira principalmente alrededor de la reforma fiscal y no sobre la caída de la rentabilidad empresarial, profundizada por aplicación de políticas neoliberales y fondomonetaristas con el membrete de «Consenso de Washington».

La discusión pública se resume en la supuesta urgencia de elevar y extender cargas tributarias y recortar gastos corrientes, en particular salarios, con el propósito de generar un superavit primario (ingresos menos egresos sin contar intereses) para liquidar los adeudos estatales y, en consecuencia, «establizar» la macroeconomía.

Cada día, este coro neoliberal no cesa de repetir hasta el cansancio que el problema de la economía reside en el excesivo gasto gubernamental y el deficiente recaudo fiscal, cuya solución descansa en ejecución de políticas de austeridad (draconiana) de las erogaciones corrientes y de redistribución (regresiva) de la renta nacional, en base a la recuperación de la confianza de los empresarios frente a los gobernantes.

Hasta el momento, ningún asesor de las cúpulas gubernamentales o ideólogo de las élites empresariales ha expuesto las causas y responsabilidades de la compleja crisis actual de las actividades económicas y finanzas públicas y, mucho menos, aclarado las conexiones entre bancarrota continua de negocios, quiebra inminente de bancos, colapso del sistema eléctrico, derrumbe del suministro de combustibles, cesación de paga de la deuda externa e interna, tanto de linstituciones públicas como de empresas privadas, y, por ultimo, descapitalización galopante de la seguridad social.

Los neoliberales criollos, al servicio del gran capital transnacional y del grupo oligárquico nacional, prefieren copar los medios de comunicación de masas con la verborrea de la restauración de la estabilidad de los agregados macroeconómicos, en vez de analizar la declinante tasa de rentabilidad de la esfera productiva que acompaña la inclinada tasa de inversión durante los últimos años, al punto de que en el día de hoy el fondo de beneficios es incapaz de fondear las altísimas tasas de acumulación de capitales demandadas por los negocios, en razón de una suba de los costos y una baja de las rentas populares en los mercados internos. De ahí la emigración de una gran cuota de las ganancias capitalistas amontonadas hacia los mercados extranjeros, en busca de valorización redituable, tanto más la tijera de la inflación y la devaluación podan los valores de las inversiones en las actividades reales o financieras del país.

Los portavoces del libre mercado hablan hasta por los codos sobre el supuesto peligro representado por el déficit de las cuentas del gobierno central, el necesario pago de los rendimientos a los tenedores de papeles de inversión del Banco Central, el grave error de reestatalizar las empresas de distribución eléctricas de Unión Fenosa, pero no dicen una sola palabra sobre la criminal evasión fiscal y la onerosa carga del servicio de deuda como causantes de los desbalances del sector público, la situación de hecho de default en que se encuentran la administración estatal e innumerables empresas industriales, agrarias y bancarias, la llegada a punto de quiebra o cierre de varias compañías eléctricas y, más aún, el fracaso rotundo de las reiteradas reformulaciones del reciente acuerdo «Stand by» suscrito entre el gobierno de Mejía y el Fondo Monetario Internacional FMI .

Es evidente que es más fácil para las capas dominantes y oligopólicas emprender programas de cobros de más impuestos a los trabajadores asalariados y pequeños empresarios y de desembolsos de menos montos en servicios personales y sociales sucesivamente a empleados y pobres que ejecutar proyectos de lucha contra las fugas de tributos y capitales, violatorias de las leyes domésticas y lesivas de la calidad de vida de la población.

Las elusiones y evasiones impositivas se estiman en poco más o menos 8,0% del producto bruto interno PBI , proporción equivalente en el corriente año de 2004 a aproximadamente 56 mil millones de pesos o casi 47,0% de los egresos presupuestados por el Poder Ejecutivo. En tanto, la estampida de los fondos de capital computan la friolera de cerca de 3 mil 850 millones de dólares, entre 2001 y 2003, suma similar al monto de los préstamos concertados con acreedores extranjeros por el gobierno del PRD.

Este circuito de liberalización de los mercados no puede ser más perverso, entre otras rezones por lo siguiente: primero, generación de voluminosos beneficios por empresas que consuetudinariamente violan las leyes y normas del impuesto sobre la renta ISR , el impuesto a las transferencias de bienes industriales y servicios ITBIS y el impuesto selectivo al consumo ISC ; luego, canje de tales fondos en pesos dominicanos por dólares provenientes de los adeudos asumidos por el gobierno central con organismos financieros y bancos comerciales a nivel internacional; y, finalmente, expatriación de esos fondos, muchas veces, con la intervención oculta de las entidades «off shore» de bancos locales y la desintervención abierta de las dependencias de supervisión del Banco Central BC , Superintendencia de Bancos SIB y Dirección General de impuestos Internos DGII .

En cuanto al excedente de gastos sobre los recaudos resulta increíble el olvido de por lo menos cuatro constataciones estadísticas que dejan muy mal parados a incontados analistas económicos, dirigentes politicos, técnicos extranjeros, funcionarios gubernamentales y autoproclamados representantes de la mal llamada «sociedad civil»: En primer lugar, el gasto corriente tiende a disminuir realmente, no a aumentar como reza la cantaleta, puesto que la gravitación de este tipo de erogación con respecto al PBI decae de 12,00% a 11,67%, de 2001 a 2003.

En segundo lugar, el señalamiento de que, de enero a marzo de este año 2004, el consumo público creció 11,5%, en terminos reales, mientras decreció 11,8% el consumo privado, oculta que la variación del gasto corriente gubernamental se produjo por motivo del acrecentamiento inaudito de los subsidios al consumo de energía electrica y gas licuado del petróleo GLP y las pagas de los intereses de deuda exterior e interior, es decir, en ambos casos, aportes canalizados a fin de cuentas a las operaciones de las corporaciones privadas y no a la subsistencia de las familias dominicanas.

En tercer lugar, si el gasto en obras públicas productivas se contabiliza como inversión, el resultado no es otro que el de incremento del superavit primario o, al menos, de decremento significativo del déficit. Esta forma de cálculo de las cuentas fiscales ha sido exigida desde hace varios años por gobiernos latinoamericanos a instituciones internacionales de financiamiento, en especial al FMI. En tal sentido, la «Carta de Lima», firmada en fecha 29 de marzo de 2004, y, además, el informe del propio FMI «Infraestructure Investment and Fiscal Policy», fechado el 27 de marzo de 2004 y redactado por Teresa Ter Minassian, directora del Departamento de Asuntos Fiscales, pueden servir de justificación gubernamental para rechazar las condicionalidades de ajuste draconiano al gasto público impuestas por el llamado «Consenso de Washington».

Y, en cuarto lugar, anteriores ingresos fiscales y correspondientes egresos por concepto de seguridad social se asientan actualmente sólo como gastos gubernamentales, dado que después de la privatización de los fondos previsionales se reserva al Estado la función exclusiva de financiación de las agencias privadas de administración de riesgo, jubilación

y pensiones, a nombre de los trabajadores. Así, el Estado sube las erogaciones al grado de tabular déficit que en realidad no es más que traspaso de fondos del sector público al sector privado.

En conclusion, el debate nacional sobre la crisis de la economía de República Dominicana debe sobrepasar el marco fiscal de causa y solución impuesto por la dictadura fondomonetarista del libre mercado, a fines de conocer la dimension de las problemáticas y presentar soluciones viables a corto y mediano plazo. Todavía más, el diálogo debe abordar la descomposición de la sociedad, la desmembración de la monarquía presidencial y la destrucción del ecosistema de la isla, en base a la participación democrática de todas las fuerzas sociales, en forma de asamblea constituyente, ya que de lo contrario agravaríamos los problemas y nos alejaríamos de las posibilidades de acordar las medidas correctas de políticas públicas.