PEDRO GIL ITURBIDES
Las empresas textiles de los diversos parques de zonas francas en República Dominicana están despidiendo empleados y trabajadores. Algunas, de capital extranjero, han cerrado sus puertas y se han marchado hacia otros países. Las de propiedad de dominicanos -o de capital mixto-, están reclamando urgentes disposiciones legales y administrativas en un intento de subsistir. Planteamiento que se hace con frecuencia es el de que un rápido ingreso al tratado de libre comercio salvaría el sector.

El principal beneficio que las empresas de zonas francas dejan al país son los empleos. El ingreso neto en monedas fuertes no es significativo si comparamos el volumen bruto de las operaciones. De todas maneras, constituye, de un año a otro, entre el cuarto y quinto renglón por ingreso de divisas, lo cual no es del todo despreciable. Pero, como dijimos antes, su aporte más significativo es la creación de puestos de trabajo. En consecuencia, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras perecen a nuestra vista.

Algunos inversionistas que contemplan el panorama que se les ofrece en libros y cuentas bancarias de sus empresas, sugieren la devaluación monetaria. Ella, sin duda, les permitiría un artificial abaratamiento de los bienes terminados a cambio de la depauperación general de la nación. Mientras el desorden financiero del sector público no llegue a mayores extremos, este camino debe evitarse. Tampoco es solución el paso a la condición de socios activos del Tratado de Libre Comercio.

El principal problema de las industrias textiles de zonas francas radica en que el Asia produce textiles básicos con valor inferior al 50% de la producción occidental. En adición a ese problema, algunas de las empresas de zonas francas instaladas en el país producen bajo el sistema de “paquete completo”. Este sistema las ata a compradores que, a la vez, son suplidores de las telas cortadas, o aliados comerciales de éstos. Los altos costos de producción de la industria estadounidense, por tanto, se reflejan sobre nuestro producto final.

El golpe de gracia lo fue la resolución del Acuerdo Multifibras que protegía la venta de nuestros textiles, y los de otros países del área. Este convenio finiquitó por término el 31 de diciembre del 2004. En ese año, y con motivo del escarceo despertado por la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamérica y los países mesocontinentales, escribimos muchas veces sobre el particular. En la ocasión advertíamos que el famoso tratado no salvaría nuestras textileras de zonas francas, de los negativos efectos derivados de la terminación del Acuerdo. Los resultados están a la vista.

Podríamos pensar en la producción verticalizada, como han hecho empresas brasileñas. Asociadas a compradores del producto final, y a textileros estadounidenses, en los estados unidos del Brasil están produciendo el algodón, las telas y las ropas. Tal, el caso de Springs Global, consorcio creado por la brasileña Coteminas y la estadounidense Springs Industries, de Carolina del Sur. Pero aún antes de que se asociaran esos capitales, la empresa brasileña participaba con el 7.5% de la producción mundial de textiles.

Una participación de esta magnitud en el mercado mundial es sueño que no tenemos ni como pesadilla. Algunas naciones del centro del continente han hecho lo mismo. Pero sus posibilidades no son las de los brasileños. En cuanto a nuestra capacidad, hemos de recordar que el territorio nacional es limitado. Las áreas tradicionalmente destinadas a sembrar algodón son extensiones en suelos de clase IV y V. Además, hace tiempo perdimos la cultura del algodón. Y nunca hemos sembrado otras fibras vegetales de vocación textil, apropiadas a la producción de telas para ropa.

En consecuencia las empresas textiles de zonas francas, tal cual han operado, están destinadas al cierre definitivo. Continuarán en el negocio las que puedan independizar las negociaciones de suministro y venta. De este modo podrían comprar telas de bajo precio. Mediante acuerdos especiales, gestionados por el Gobierno Dominicano, podrían asegurar la colocación de su producción, en el mercado estadounidense.

El gobierno de esta última nación debe ser lo suficientemente comprensivo para que ejerza una obra persuasiva ante los tradicionales compradores. Porque, de todos modos, ellos han firmado un acuerdo de libre comercio que asegura que no otorgarán subsidios a muchos productos agropecuarios que colocan en nuestro mercado. Y el reclamo que sostienen canadienses y brasileños contra ese gobierno, prueba que no se ha honrado ese compromiso.