Las elecciones del 16 de mayo próximo se producirán en medio de la peor crisis económica y financiera que ha tenido el país, según opinan expertos en asuntos económicos.

Hay la percepción en algunos círculos económicos de que la actual crisis supera, por su complejidad y dimensión, la que vivió el país tras la guerra de abril del 1965, la de 1984 y la de finales de la década de los 80 y principios de los 90.

En el caso de la crisis que siguió a la de la guerra de Abril de 1965, se recuera que la sociedad dominicana quedó dividida por los odios generados por la contienda bélica y durante varios meses la Organización de Estados Americanos (OEA) tuvo que aportar recursos para poder pagar los sueldos de la administración pública.

Sin embargo, se plantea que el nivel de endeudamiento externo del país y la deuda pública eran relativamente bajas para ese entonces. La deuda externa global sólo alcanzaba los 158 millones de dólares en 1965 y subió sólo a 165 millones de dólares en el año 1966.

Se recuerda que el presidente Joaquín Balaguer, ganador de las elecciones de 1966, logró soltear la situación a través de una fuerte austeridad fiscal y de la introducción de algunos cambios en la estructura impositiva, lo cual le permitió generar recursos para inversiones públicas.

En cambio, se plantea que la crisis de los años 1983 y 1984, fue provocada por un desbordamiento del gasto público a partir del año 1978 que, su vez, condujo un significativo incremento de la deuda externa.

La deuda externa global, que era de 1,353 millones de dólares en el año 1978, pasó a 3,493.2 millones de dólares en el año 1984.

Ante esa situación, el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco, emprendió un programa de ajuste fiscal bajo la gobernación en el Banco Central de Hugo Guiliani Cury, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que permitió bajar y estabilizar la tasa de cambio.

Tras el retorno al poder del doctor Balaguer en el 1986, comienza a encubarse una nueva crisis que estalla a finales de la década de los 80 y principios de los 90. Fue una crisis más compleja y profunda que las anteriores, hasta al punto de que algunos agentes económicos tuvieron la percepción de que el país estaba camino a la disolución.

Como secuela de esta crisis, se produjo la quiebra de una gran cantidad de financieras y de varios entidades bancarias.

Finalmente, la crisis pudo ser superada por el gobierno del presidente Joaquín Balaguer, con la asesoría de Arnold Harberger, a través de la ejecución de un programa de ajuste fiscal y de una amplia reforma tributaria, con el apoyo del FMI.

Esta reforma creó las bases para que la economía dominicana registrara un crecimiento sostenido durante más de diez años.

Hoy, a sólo días de las elecciones del 16 de mayo próximo, el país sufre una crisis que por su complejidad y dimensión, supera a todas las anteriores.

El problema no está sólo en que la deuda externa supera los 7,000 millones de dólares, el servicio de la deuda pública, que no debiera superar el 20 por ciento del presupuesto, absorbe cerca el 50 por ciento del mismo, quedando a penas recursos para cubrir los gastos operativos y la nómina del Estado, lo cual deja al gobierno sin dinero para emprender significativas inversiones públicas.

Está el problema, además, de que, como fruto de la crisis bancaria y de la manera en que el gobierno le hizo frente, el Estado ha emitido certificados por más de 70 mil millones de pesos que generan un déficit cuasi-fiscal de difícil manejo.

A eso se agrega el problema de la insostenibilidad financiera del sector eléctrico.

Ante ese cuadro, hay el convencimiento de que si no se aplica un programa para la eliminación de esos déficits, se corre el riesgo de que los recursos futuros del gobierno tengan que ser destinados en una mayor proporción a enfrentar esos problemas financieros heredados, lo cual haría surgir nuevas presiones fiscales que pudieran provocar, a su vez, una mayor devaluación de la moneda.

Ante esa situación, se piensa que la crisis actual obliga a la ejecución de un programa de ajuste ordenado de la economía, que no debería basarse en medidas paliativas.

De lo contrario, hay quienes temen que el ajuste se produciría a través de una mayor devaluación, que es el más regresivo y distorsionante de todos los impuestos.

Según el parece de algunos expertos consultados, el reto es impedir que la moneda siga devaluándose, porque de lo contrario, el impacto financiero sobre el sector eléctrico y los combustibles sería devastador, y por esta vía se generarían nuevas presiones sobre las finanzas públicas, ante la necesidad de otorgar nuevos subsidios a la electricidad y al gas licuado de petróleo.