En varias de mis presentaciones públicas durante la crisis financiera del 2003, hablé sobre el costo social que esta tendría en los estratos más pobres y medios de la población. Fui el primero en señalar que dicha crisis lanzaría a la pobreza a un millón de personas, algo que fue repetido cientos de veces por políticos opositores durante la campaña del 2004.

Este Gobierno en el poder, también lo reitero miles de veces, usándolo para detractar al anterior Gobierno.

Pero al margen de la politización de estos hechos, todas las crisis financieras tienen altos costos. La actual, sólo en América Latina estaría lanzando entre 50 y 75 millones de personas a la pobreza, de acuerdo al Banco Mundial. Por ejemplo, The Economist, en su reporte 2008-2009, señala que en el último año han perdido su empleo entre 180 y 200 mil dominicanos, sin contar aquellos afectados por la reducción de las remesas. Este simple dato representa más de un millón de personas, considerando 4 miembros por familias y el alto porcentaje de dominicanos que reciben algún tipo de ayuda del exterior. Excluimos, por la falta de estadísticas, las personas con empleos informales que también sufren por la caída de las ventas o el cierre de sus negocios familiares, como ha sucedido en el entorno de las zonas francas, donde se han perdido 130 mil empleos.

Pero eso es apenas comenzando la crisis. Si partimos de que el PIB no crecerá en el 2009, calculamos los grandes déficits que golpean la economía y a esto le sumamos el crecimiento poblacional de 2%, es muy posible que a este millón de pobres se le adicione, con suerte, otro millón.

Y esta cifra es bastante realista, ya que somos el país en América Latina peor preparado para frenar los embates de la crisis financiera internacional. Por eso nuestros pobres sufrirán mucho más que aquellos que viven en países mejor preparados para afrontarla.

Este asunto no es para sacarle filo político, como lo hicieron en el pasado las actuales autoridades. Ni para atacar al Gobierno, principal responsable de esta masacre laboral por el saqueo de los recursos públicos. Simplemente es para advertirle sobre las consecuencias sociales que esto implica. Sobre la necesidad de no seguir hablando de metros, viviendas de lujo y obras monumentales sin previamente ir al rescate de esa población desesperada que ha perdido su fuente de trabajo. Sobre la importancia de frenar esos excesos de gastos improductivos, en un gigantismo estatal incontrolable y corrupto, que ofende la conciencia ciudadana.

En fin, es una advertencia sobre la necesidad de reorientar el gasto público y de mejorar su calidad, concentrando más recursos en la gente y menos en politiquería continuista. Hay miles de pequeñas obras en cientos de comunidades del país que esperan una atención de las autoridades, que nunca se le ha dado. Es momento de responder, sin esperar revueltas y muertes innecesarias.