Crisis inocultable de la seguridad

Crisis inocultable de la seguridad

Si la seguridad ciudadana es el imperio de la ley como resultado del ejercicio efectivo de la autoridad, entonces aquí la seguridad ciudadana está en crisis. Por ejemplo, el jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo, se queja porque ha salido en libertad un alto porcentaje de nueve mil delincuentes que ha sometido a la justicia en cuatro meses, a pesar de que muchos son cabecillas de bandas perseguidos durante años. Sea por lenidad de la justicia o por falta de sustancia de los expedientes elaborados por el Ministerio Público, el resultado es impunidad y reincidencia, que son dos de los estimulantes más perniciosos de la inseguridad pública.

Otra flaqueza queda ilustrada con la situación de Tenares, un municipio en que la seguridad de sus 30,000 habitantes está a cargo de seis policías mal pagados, que se alojan en un destartalado destacamento. Es oportuno anotar que en el presupuesto para 2014 no hay ninguna partida para el aumento salarial que anunció el jefe de la Policía. Por otro lado, el Poder Judicial, que tiene tribunales y fiscalías alojadas en furgones y otros espacios inadecuados, se queja por la insuficiente asignación de recursos para 2014, que empeorará sin duda su desempeño. Estos y otros indicadores nos permiten concluir en que en nuestro país la seguridad ciudadana está en crisis, a pesar del esfuerzo de funcionarios que se afanan por deslizar la situación como basurita bajo alfombra.

INSÓLITO MIEDO A RENDIR CUENTAS

El artículo 92 de nuestra Constitución, con sencillez pero de manera taxativa, dispone lo siguiente: “Los legisladores deberán rendir cada año un informe de su gestión ante los electores que representan”. Este artículo, de un solo párrafo, no deja lugar a dudas ni interpretaciones. Sin embargo, como en el caso de la declaración jurada de bienes, hay quienes huyen al compromiso de transparencia que entraña esta breve orden.

Esta es la hora que al menos 40 diputados no han presentado ante sus electores sus respectivos informes acerca de la gestión que agotaron en el período 2012-2013. El dato ha sido confirmado a este diario, que solicitó y obtuvo información al respecto ante la Oficina de Acceso a la Información de la Cámara de Diputados. No hay manera de justificar este comportamiento escurridizo y evasivo de los diputados que no han cumplido el mandato del artículo 92 de la Constitución.

 

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