MANAGUA (AFP).- La decisión de la justicia nicaragüense de validar las reformas constitucionales que restan poderes al presidente Enrique Bolaños agudizó este miércoles el conflicto político entre el Gobierno y el Congreso de Nicaragua.

«Lo que vemos es una trama burda», del opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) contra el gobierno, denunció el mandatario nicaragüense.

Ambos partidos controlan el Poder Judicial, el Congreso y otros organismos clave del Estado nicaragüense y mantienen desde hace más de un año una fuerte pugna con el gobierno.

La Corte, integrada por magistrados liberales y sandinistas, ratificó el martes la validez de una reforma constitucional que resta facultades al presidente y permite al Parlamento controlar la gestión pública, nombramientos, despidos y traslados de los altos cargos ejecutivos y embajadores.

La Corte fijó su posición en respuesta a los recursos de amparo que más de 100 ciudadanos de un movimiento cívico afín al gobierno presentaron en abril pasado contra las enmiendas, en vigor desde inicios de este año.

Las reformas fueron promovidas por las bancadas mayoritarias del PLC, que dirige el ex presidente Arnoldo Alemán (1997-02) -en prisión domiciliaria por corrupción- y del FSLN, que lidera el ex presidente Daniel Ortega (1997-02) en el marco de una alianza parlamentaria pactada desde noviembre de 2004.

Ambos líderes «están en contubernio, en un matrimonio» político que busca dañar al gobierno y que pone en «peligro la democracia, y este país no es viable de esa manera», lamentó el secretario de la Presidencia, Ernesto Leal.

La embajada de Estados Unidos en Managua, por su parte, acusó en un comunicado a los dos partidos de usar el Poder Judicial para «socavar el orden institucional en Nicaragua, afectando la gestión del Presidente Enrique Bolaños».

Esta sentencia «representa lo peor de un sistema judicial sin salida que está asfixiando al pueblo nicaragüense», con resoluciones que obedecen a intereses partidarios, protestó la representación diplomática.

El Gobierno de Bolaños anunció este miércoles que no acatará el fallo, porque existe una sentencia dictada el pasado 29 de marzo por la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) que establece que las reformas son «inaplicables».

El vicepresidente del Congreso, el liberal Wilfredo Navarro advirtió, sin embargo que si el gobierno no cumple la resolución estaría sentando un grave precedente jurídico y político en el país.

El fallo de la Corte aleja además los esfuerzos que la Organización de Estados Americanos (OEA) realiza desde junio pasado en Nicaragua para procurar un diálogo entre el gobierno y el Congreso, a fin de evitar que el conflicto provoque la ruptura del orden constitucional.

La OEA envió al ex canciller argentino Dante Caputo a facilitar el acercamiento, pero el gobierno se ha negado dialogar con sus opositores del Congreso.

A la sentencia de la Corte se suma la decisión del Congreso de someter próximamente a votación del plenario el desafuero del presidente, a fin de que sea juzgado por presuntos delitos electorales.

El agravamiento de la crisis se produce en momentos en que Estados Unidos, trata mediante su embajada de reunificar a la derecha en torno al PLC, pero sin la injerencia de Alemán, para evitar que los sandinistas retornen al poder en las elecciones presidenciales de 2006.

El PLC encabeza desde las elecciones de 1996 las alianzas de derecha.