Hoy 
BIENVENIDO ALVAREZ-VEGA
Los señores legisladores están en todo su derecho de hacer cuantas preguntas e indagaciones consideren necesarias sobre el proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2005. Y, decimos más: deben ejercer ese derecho a plenitud sobre todas las partidas y proyecciones consignadas en tan importante documento.
Uno de los roles del Congreso Nacional, aquí y en cualquier otro gobierno democrático, es pedir y reclamar explicaciones, exigir transparencia, escuchar a los expertos y a los interesados en los temas bajo su consideración. Nunca debe haber tanta prisa como para omitir ese sagrado derecho que es también un ritual fundamental del orden democrático.
Voy más lejos: los congresistas, senadores y diputados, deben examinar el proyecto de Presupuesto con el particular interés de encontrar cómo el mismo conviene y responde a las necesidades de sus respectivas jurisdicciones. Porque si bien ellos tienen que velar por los sagrados intereses de la nación, su primera y principal responsabilidad es con las necesidades e intereses de sus representados, de quienes ellos son delegados ante tan importante poder del Estado.
Pero los señores legisladores no deben ir más allá. Deben rechazar las tentaciones, sin importar cuan atractivas sean. Deben cuidarse de no ceder ante la siempre presente impulso de convertir el proyecto de Presupuesto en un instrumento de negociación política, de negociación personal o de negociación partidaria. Hacerlo sería tomar un camino equivocado y, sobre todo, subvertir los propósitos de un Congreso.
Todos sabemos que no es un cuento de caminos aquello de que el país atraviesa por un momento particularmente difícil, sobre todo en el comportamiento de la economía y en el manejo de las finanzas. Los legisladores saben cómo quedó el país después de aquella gobernación irresponsable que se asentó en el Palacio Nacional y que bajo el impulso de caprichos y sabichoserías trastocó un curso que desde 1991 era floreciente y de crecimiento.
Por lo tanto, las medidas que está adoptando este gobierno en el área monetaria, en el área fiscal, en la sensitiva área del endeudamiento externo y el endeudamiento doméstico, en el gasto corriente y en la inversión de capital, responden a criterios que no necesariamente son los más deseados y los más plausibles, sino a las necesidades impuestas por el desorden y el desequilibrio en que están las finanzas de la economía dominicana.
Se trata, por lo demás, de un recetario que necesariamente hubiera tenido que tomar cualquier otro gobierno que sucediera al que descalabró la economía. Es decir, para llegar a una etapa que permita el reinicio del crecimiento de la economía, la estabilidad cambiaria, la estabilidad de precios, la baja tasa de intereses bancarios y el equilibrio fiscal, es imprescindible reordenar la economía, reordenar la casa, poner cada cosa en su sitio.
Este proyecto de Presupuesto Nacional, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para acordar un programa stand-by por dos años, la reestructuración de la deuda externa, la reprogramación del pago de los intereses de los bonos soberanos y la emisión de bonos para inyectar fondos que fueron adelantados por el Banco Central y el Banco de Reservas, son medidas y disposiciones que convergen hacia el mismo propósito: sanear la economía y recuperar el equilibrio perdido.
Esta realidad nos dice, en conclusión, que los señores legisladores deben manejar el proyecto de Presupuesto Nacional sin perder de vista lo que el mismo significa en la búsqueda de la estabilidad económica perdida. Sin ceder a la tentación de hacer de este documento un instrumento de negociación política, pero, como anotamos más arriba, sin dejar de pedir y exigir todas las informaciones que legítimamente entiendan necesarias para entender cada partida consignada en tan estratégico proyecto de ley.
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