SANTIAGO.- El parque pecuario que suple la totalidad del consumo nacional de pollos, huevos y cerdos, perdió el año pasado el 25% de sus granjas porcinas y el 10% de su producción avícola, lo que desplazó a más de l5,000 trabajadores, denunció ayer el licenciado Dionis Fernández, presidente de Instituciones Pecuarias Dominicanas.

Dijo que el cierre fue provocado por el aumento contínuo de la cotización del dólar y la inestabilidad que mantuvo el mercado cambiario, las cargas impositivas y la alta tarifa eléctrica.

En las granjas de cerdos -agregó- se produjeron las pérdidas más escandalosas, debido a que los dueños prefirieron vender sus cerdos y cerrar para cubrir necesidades familiares y deudas con la banca comercial privada.

Fernández observó que muchos granjeros perdieron sus viviendas, sus propiedades y quedaron prácticamente sin medios de subsistencia, al quedar atrapados por los problemas económicos.

Igual ocurrió con los productores de pollos y huevos, quienes en este momento enfrentan una situación difícil, ya que el costo de una libra está por el orden de los RD$18.50, mientras muchos tienen que vender a RD$l5.00 las 16 onzas en granja.

Por otra parte, el presidente de Instituciones Pecuarias Dominicanas expresó su esperanza de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) tome en cuenta la solicitud del país para que incluya la producción nativa de pollos y cerdos entre los productos protegidos en el nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC).

A su juicio, los granjeros de pollos y cerdos tienen problemas de incompetitividad y muchos pueden quedar fuera del mercado si los términos del acuerdo aprobados por los países centroamericanos no se ajustan a condiciones de aplicación gradual.

Dijo que el modelo aprobado no se ajusta a las características dominicanas que, a excepción de Panamá y Costa Rica, les permite la importación, cada año, de 48 millones de libras de subproductos del pollo.

Fernández expresó la oposición del sector pecuario a que los muslos de pollo y pavos entren al país sin estar sujetos a condiciones previas y ajustados a las situación económica de los productores nativos.

Teme que más de siete mil granjeros de los que dependen más de 20 mil trabajadores sean sacados del mercado si no se aplican medidas para protegerlos en el marco de los nuevos tratados.