Según la politología sobre democratización, el criterio elemental para diferenciar las democracias estables de las inestables es la capacidad de toda la sociedad de esperar el día de las elecciones para emitir un juicio político sobre el gobierno de turno.

Si utilizamos este criterio, en América Latina hay democracias muy inestables.

Ecuador fue el último episodio, pero a lo largo de tres décadas de transiciones e intentos de consolidación, las democracias latinoamericanas han enfrentado dificultades constantes. En varias se han producido intentos de golpe de Estado, aunque casi nunca se haya consumado.

Se dice que en América Latina hay democracia porque en la mayoría de los países los sistemas políticos protegen derechos cívicos fundamentales y la política electoral es más o menos competitiva.

Pero la estructura social, con sus distintos niveles de desigualdad y exclusión, así como la naturaleza y magnitud de las tensiones políticas entre grupos de poder, marcan el nivel de inestabilidad de cada sistema político.

Hay mayor estabilidad política y desarrollo económico en países que combinan un nivel moderado de conflictividad entre la élite gobernante con políticas de mejoramiento social. Chile y Brasil sobresalen en las últimas dos décadas por combinar estos dos factores.

En países como Venezuela, Bolivia y Ecuador, donde se ha desarticulado la antigua élite gobernante, y en su lugar se construyen nuevas bases de poder, el proceso político es más turbulento.

Estos tres países, sin embargo, difieren. En Venezuela, el sistema político descansa en la figura de un ex militar con un proyecto corporativo de poder desde arriba, aunque se apele de manera plebiscitaria a las masas. En Bolivia y Ecuador, por el contrario, los actuales gobernantes han sustentado su poder en los movimientos sociales y están obligados a negociar la estabilidad política con esos grupos.

En el caso de Honduras, para nombrarlo porque es en el único país donde se ha consumado un golpe de Estado en tiempos recientes, Manuel Zelaya carecía de la estructura de poder desde arriba para avanzar su proyecto político, y no tenía suficiente sustento popular para hacer ampliamente creíble un proceso de transformación social. Por eso resultó relativamente fácil sostener el golpe de Estado.

En general, la crisis de gobernabilidad se agudiza cuando hay simultáneamente un rechazo de segmentos importantes de las élites y de las bases al proyecto de gobierno.

Los momentos de crisis económica tienen a exacerbar las tensiones políticas porque vienen acompañados de restricciones al gasto público y medidas de austeridad que no son del agrado de la mayoría del pueblo.

Estas situaciones son fácilmente aprovechables por las élites tradicionales para azuzar, y a esto se agrega el factor internacional. Los gobiernos más reformadores son más vulnerables a la conspiración internacional porque hay intereses extranjeros en juego.

Para que las democracias latinoamericanas se consoliden, es fundamental que se respete y defienda la institucionalidad democrática. Por ejemplo, un gobierno no debe ser derrocado por sus políticas, aún cuando estas políticas sean ampliamente criticadas. Hay que esperar las elecciones para prescindir del gobierno.

Por otro lado, para que la democracia se consolide, un gobierno no puede patrocinar medidas autoritarias y excluyentes para beneficiar pequeños grupos, ni tampoco, restringir derechos generales en nombre del bienestar popular.

Aunque sea muy difícil lograrlo, es en este nudo complejo de negociación y reformas donde radica el desafío de gobernabilidad de las democracias latinoamericanas.

Unas tienen mejor base para impulsar avances sin fuertes turbulencias, otras están sujetas a fuertes tensiones como se demostró la semana pasada en Ecuador.