Ante la esquizofrenia cuasi mundializada provocada por el consenso de Washington, por medio del cual, entre otras cosas, se crearon las condiciones globales para despojar a los Estados pusilánimes de sus estructuras de producción de bienes y servicios, transfiriéndolas al sector privado a través de mecanismos financieros que ni los políticos ni los ciudadanos comunes lograban comprender, es que se acentúa la necesidad de conformar organismos reguladores para que intervengan en la relación entre el indefenso usuario y la poderosa prestadora de servicios o bienes según corresponda.

Es en ese esquema que surgen organismos reguladores como las Superintendencias de Electricidad, Salud, Bancos, etc., todas ellas llamadas a garantizar el pleno disfrute de los correspondientes derechos del ciudadano.

Ahora bien, al evaluar los resultados de la labor reguladora de esas instituciones, el ciudadano se da cuenta de que en términos prácticos estas agencias del Estado pueden ser cerradas y no se pierde absolutamente nada.

En esta entrega abordo tan sólo el caso de la Superintendencia de Bancos, las demás serán objeto de ulteriores análisis, de forma especial la infuncional Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales.

La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana ha dado muestras fehacientes de que en sus funciones el interés nacional no es del todo su prioridad, esto debido a dos grandes acontecimientos vinculados a esta institución, a decir, el poco seguimiento dado al uso de los 20 mil millones de pesos producto del encaje legal de los bancos y por otro lado la descabellada disposición de cargar con el uno por ciento a las compras internacionales con tarjetas de créditos.

Un organismo regulador cuyas decisiones no se orienten a proteger los sectores vulnerables que lo integran, no tiene razón de existir.