Crisis y política cambiaria

POR LUIS H. VARGAS
La política cambiaria de revalorización del peso con respecto al dólar y al euro, ejecutada por la presente administración de Fernández, pretende controlar las presiones inflacionarias sufridas por la eonomía nacional y cumplir con ””una de las metas fundamentales”” impuestas por el Fondo Monetario Internacional -FMI- de garantía del repago de intereses a acreedores extranjeros y remesa de utilidades de las filiales locales a las matrices transnacionales.

Desde el 16 de agosto hasta el momento, la tasa cambiaria de pesos por dólar ha declinado de 97,37% a 96,97%, gracias a la flotación sucia de la moneda nacional, es decir, la intervención estatal expresada en manipulación de la emisión monetaria, la contratación de nueva deuda estatal interna y la postergación unilateral de liquidación de obligaciones internacionales.

MEDIDAS DE FLOTACIÓN SUCIA DEL PESO

Según informaciones publicadas por el Departamento de Comunicaciones del Banco Central, el 8 del corriente mes de octubre, la base monetaria registró una bajada de 6 mil 584 millones de pesos (-8,3%), en razón fundamentalmente de la subida de la colocación neta de certificados por un valor de 13 mil 43 millones de pesos (14,5%), en el lapso comprendido entre el 17 de agosto y el 6 de octubre.

En otras palabras, estas informaciones revelan que las autoridades del instituto emisor no han guardado empacho alguno en podar la moneda nacional y crediticia mediante el hiperendeudamiento interior llevado a cabo por el Banco Central con cargo a las decaídas arcas del gobierno central, a los fines de estabilizar ficticiamente el régimen cambiario.

La suba imparable de los valores en circulación arribó, dicho 6 de octubre, al elevado monto de 102 mil 836 millones de pesos, a un costo financiero mensual aproximado de casi 3 mil 875 millones de pesos, sin contrapartida de ingresos en el Banco Central por venta de activos y en el gobierno central por colecta de tributos o, lo que es igual, sin posibilidad alguna de que el Estado pueda redimir los papeles a vencimiento o pagar intereses de acuerdo al calendario previsto.

Esta incapacidad de pago de adeudos interiores (default) se comprueba por el aumento del coste de financiación de los títulos emitidos en cerca de 360 millones de pesos cada mes y la búsqueda desesperada en mercados internacionales de capitales de un préstamo valuado en 250 millones de dólares para cumplir obligaciones, a pesar del anuncio con bombones y platillos de que la operación de mercado de reemisión de letras con rebajas de tipos interés y extensión de los plazos de redención constituye la supuesta fórmula de solución.

Un grupo de técnicos del Banco Central no quiere admitir, en ningún modo, que la edición de nuevos certificados para reconocer intereses impagos y títulos no redimidos remonta su valor total y correspondientes pagos de intereses por las nubes y, más todavía, que la sustitución de deuda interna por externa representa un remedio peor que la enfermedad, dada también la situación de cesación técnica de paga de adeudos foráneos con amenaza de resurgimiento de devalorización monetaria del signo nacional

Además, el establecimiento de tasas de interés pasivas a los papeles del Banco Central por encima de los certificados de los bancos comerciales y por debajo de los índices de precios generan graves problemas por doble partida: transferencia creciente de fondos de la banca privada a la banca central vía el diferencial absoluto de las tipos de interés de los certificados en poco más o menos 10% y fuga de capitales del país al extranjero a causa de que en el primero las tasas de interés reales son negativas en tanto que en el segundo son positivas.

En sendos casos, el objetivo de congelación de la tasa inflacionaria en base a la estabilización de la tasa cambiaria no se alcanza, puesto que el ascenso del tipo de interés nominal arrastra el índice de precios y el descenso del tipo de interés real empuja la revaluación del dólar. La disyuntiva conduce inevitablemente a la dinámica de depreciación del peso: en la primera acción porque la suba de la inflación provoca salida de capitales nacionales, ante el derrumbe de la tasa de ganancia en el sistema productivo, y en la segunda acción porque la baja de la tasa pasiva de interés real evita la entrada de capitales internacionales, ante el desplome de la tasa de rentabilidad en el sistema financiero.  

En realidad, la gestión de gobierno de Fernández ha logrado también restar presión a la demanda de divisas por medio de la combinación del incremento del endeudamiento público en dólares, el decremento de la importación de combustibles y el retardo de la validación en dólares de los abonos de los créditos del comercio importador, de los egresos de  las utilidades de las compañías extranjeras y del servicio de deuda de los prestamistas foráneos.

A principios de este mes de octubre, se estima que el montante de las nuevos préstamos contratados por la administración del poder ejecutivo asciende a más de 110 millones de dólares, los cuales han servido básicamente para cancelar cuotas mínimas de rezagos de débitos con empresas generadoras de electricidad -EGEs- (63,4 millones), saldar intereses pendientes por emisión de bonos soberanos (23,7 millones) y declive del signo negativo de las reservas internacionales netas según la fórmula de cálculo del FMI (30 millones).

Mientras el gobierno se endeuda en condiciones onerosas de paga de intereses y presentación de garantías, las obligaciones en dólares y pesos del Estado dominicano con compañías eléctricas no cesan de acrecentarse, en especial la rotulada como deuda neta de las empresas energéticas estatales -Edenorte, Edesur y CDEEE- con las EGEs ascendente a 265,5 millones de dólares. Si las autoridades del gobierno saldan estos adeudos con recursos propios, la tasa de intercambio de pesos por dólar se elevaría sin lugar a dudas.

El encaramamiento vertical de los precios del petróleo, concretamente por arriba de 42 dólares para el crudo venezolano, dispara en efecto el valor importado de los combustibles a más de 223 millones de dólares mensuales, cuya presión alcista a la apreciación del dólar se desinfla mediante la resta del volumen de importación, en forma de suspensión del servicio de energía eléctrica y de tardanza en el suministro de gas licuado de petróleo -GLP- o de gasolina a las estaciones de expendio. Por consiguiente, el mejoramiento del servicio de luz eléctrica y de aprovisionamiento a tiempo de combustibles pasa inludiblemente por un alza de la valorización del dólar contra el peso.

Peor todavía, hasta el día de hoy, el Banco Central se ha hecho de la vista gorda en la entrega de divisas a las corporaciones multinacionales que han depositado las solicitudes de lugar por concepto de repatriación de ganancias. De aquí que si el Banco Central responde a estos requerimientos de divisas, en alrededor de 600 millones de dólares, el valor del peso contra el dólar descendería a toda costa..

A eso se agrega que en el trimestre octubre-diciembre de este año, la administración gubernamental debe honrar compromisos financieros exteriores por más de 550 millones de dólares, en una conyuntura de paralización de los flujos de capitales dinerarios y productivos desde el extranjero, por motivo de la crisis económica nacional, renegociaciones fallidas de reestructuración de adeudos con el FMI, el Club de París y los bancos internacionales y el posible relevo de la cesación técnica de repaga de débitos por la cesación definitiva oficial. En consecuencia, la cancelación de tales pasivos implica irremediablemente un salto en cantidad del canje de cada dólar por pesos.

Si bien es cierto que el Banco Central obtiene con la revalorización de la moneda nacional abaratar el costo de los combustibles y el servicio de deuda en pesos, no menos cierto es que abre las compuertas a una oleada de cambio de pesos por dólares y consecuente devaluación de los primeros con relación a los segundos.

Por ejemplo: la iniciativa del gobierno central de fondear la redención de papeles del Banco Central en base a empréstitos españoles por un valor de 250 millones de dólares arroja un saldo negativo para las cuentas oficiales de más de 166 millones, toda vez que el valor adicional en dólares de tales instrumentos financieros, resultante de la revaluación del peso, rebasa 416 millones de dólares, a partir del 16 de agosto del año en curso.

Por igual, la depreciación del dólar o euro con respecto al peso da cuenta, en el renglón acreditado a pérdidas o ganancias por razones de oscilaciones de las tasas caambiarias en los libros de contabilidad de las firmas corporativas extranjeras, de la siguiente corrección: sustitución de las pérdidas (derivadas anteriormente por devaluación) por ganancias (generadas actualmente por revaluación), lo cual equivale a una concesión de rentabilidad extraordinaria en divisas del Banco Central a dichas compañías de más de 13,0%, tomando en consideración que en este período se produce el cierre del año fiscal.

CONSECUENCIAS DE LA SOBREVALUACIÓN CAMBIARIA

La implementación de una política cambiaria de revaluación de la moneda nacional contra monedas internacionales distorsiona tanto la estructura de precios relativos como la cuenta de capital y financiera de la balanza de pagos.

El decrecimiento de los precios del dólar y el euro en pesos dominicanos abarata las mercancías importadas, al mismo tiempo que encarece las mercancías exportadas, y, por consiguiente, da lugar a que las empresas productoras de bienes y servicios mercantiles pierdan franjas del mercado interior y exterior.

Este repunte de las importaciones tiende a amputar los precios de las mercaderías comercializadas en el mercado interno y, en efecto, a mochar ingresos y beneficios de los empresarios domésticos, dado que deben ajustar las transacciones mercantiles locales a la competitividad transnacional comandada por los capitales foráneos.

De esta manera, la oferta importada acentúa la dependencia de la economía nacional a los mercados internacionales, a la vez que continúa el proceso de desindustrialización y desagriculturización del sistema productivo del país. Como la elasticidad renta  de demanda de importaciones es superior a la elasticidad renta de demanda de exportaciones, la actividad productiva y la ocupación laboral nacionales registran tasas inferiores de crecimiento a las tasas de volumen y valor de las importaciones.

El creciente valor importado de mercancías genera simultáneamente una inclinación de la capacidad ociosa de la planta industrial y agraria y una declinación de las ventas en los mercados exteriores, cuyos resultados son, por un lado, un aumento proporcional del coste de producción en los ingresos de las empresas y, por tanto, una disminución del beneficio en el valor agregado y, por el otro, un déficit en la balanza comercial y correspondiente rebote en la cuenta corriente de balanza de pagos.

Ante este acoso de las mercaderías importadas a las producidas localmente, específicamente a través de empujones a la contracción de precios de los bienes y servicios, los empresarios criollos tienden frecuentemente a trasladar el corte de tales valores mercantiles al costo salarial, con el claro propósito de restablecer el declive de los  beneficios en los precios finales y valores agregados. Sin embargo, esta tijera de precios no hace más que deprimir tanto la oferta bienes-salario como la demanda de consumación vital.

En resumidas cuentas, los sucesos simultáneos de bajada de la capacidad de producción y de subida de importación de mercancías soplan la demanda de divisas hasta niveles insostenibles en relación a la oferta, lo cual degenera en depreciación del peso con consecuente inflación de precios.

En cuanto a las distorsiones de la cuenta financiera provocadas por el tipo de cambio real reapreciado, hay que anotar la afluencia de inversión directa valorizada en pesos en vez de dólares, la inversión financiera con vocación especulativa y la acumulación de obligaciones atrasadas.

La entrada de capitales se dirige mayoritariamente a negocios cuyo valor de venta final se realiza en pesos y margen de ganancia neta se repatria en dólares. En verdad, muchas veces no se produce una acumulación de capital, en razón de que activos líquidos compran a precio de vaca muerta activos físicos, tal y como ocurrió en las negociaciones de privatización de las empresas estatales de servicio eléctrico, o de que la capitalización de activos físicos (inversión directa) se funda en activos líquidos derivados de las ventas en los mercados nativos (pesos registrados como dólares invertidos).

Los crecientes flujos de capital incentivan la estampa de un signo positivo en la cuenta de capital, pero en la medida que liquidan egresos de rentas, bajo la modalidad de utilidades en la cuenta de servicios, la demanda de divisas se hace insoportable hasta el punto de motivar la devaluación de la moneda; tanto más la tasa de inversión directa decrece y la tasa de remesa de renta-ganancias crece por fijación de precios de monopolio en el mercado interno.

La atracción de inversión de cartera sólo es posible materializarla, si las tasas de interés criollas arrojan un diferencial rentable con respecto a las tasas de interés extranjeras. Esta caza de ganancia dineraria, por parte del capital especulativo, obliga a las autoridades monetarias a ofertar altos tipos de interés en el mercado financiero doméstico y a garantizar la libertad de canje de moneda nacional por monedas internacionales en caso de que dicho tipo de inversión decida alzar vuelo a otras plazas mercantil-financieras, en razón de recesión económica, déficit de divisas o peligro de default, o sea, peligro inminente de devalorización del peso y reflotamiento de los precios.

En una primera etapa, el inclinante déficit del sector público en el mercado interior, cubierto con endeudamiento externo, sirvió a su vez para tapar el déficit del sector privado en el mercado exterior. Luego, el crecimiento de los adeudos estatales consistió en contratar capital a préstamo para repagar el servicio de débitos. Y, finalmente, como las conquistas de superavit primario efectivo de las cuentas fiscales y de superavit ficticio de cuenta corriente no son suficientes para saldar pasivos pendientes y reprogramados, el gobierno central no deja de recurrir insistentemente al salvavidas de plomo de las negociaciones con organismos internacionales de financiamiento, en concreto con el FMI.

Como la demanda de crédito en dólares del Estado dominicano excede con creces las promesas de desembolsos de préstamos de los acreedores externos, es de esperar que la firma de un nuevo acuerdo con el FMI ni siquiera cubra el acervo de repagos de principal e interés rezagados y pendientes con organismos bilaterales, institutos multilaterales, bancos comerciales y proveedores privados, tanto para el lapso restante del corriente año 2004 como para el año venidero 2005.

Para este último año el servicio de deuda externa significaría descontar más del 6% del Producto Bruto Interno -PBI- y casi 40% del presupuesto de gastos gubernamentales; es decir, una mocha de la capacidad productiva y correspondiente demanda interna de inversión y consumación que implicaría quiebra extensiva de empresas privadas y pauperización masiva de las clases trabajadoras.

CONCLUSIÓN

La caída de la producción bruta genera una recaída de la renta empresarial y familiar y, más aún, una rebaja de la recaudación de tributos igual a una declinante erogación de fondos gubernamentales, en particular para cubrir los servicios sociales y personales, en mayor medida, y los servicios de adeudos nativos y foráneos, en menos medida.

En estas circunstancias, la fase de recesión recorrida por la actividad productiva amenaza con llegar a la meseta de la depresión económica. De aquí que el país necesite urgentemente una reorientación en el ciclo de los negocios para reactivar la producción real, redistribuir la renta nacional y realzar la demanda inversora y consuntiva, mediante la aplicación de un paquete de políticas estatales en función del criterio de defensa del interés nacional, popular y empresarial nativo.

La vigencia de este criterio supone la preponderancia de la esfera productiva sobre la financiera, del fondo de consumo popular sobre el suntuario, del mercado criollo sobre el mercado foráneo, del fondo de inversión en ramas básicas, estratégicas o de exportación sobre el de inversión en mercancías no necesarias, obras improductivas o empresas de ventas en pesos y remesadoras de dólares, de adicionales recaudaciones fiscales basadas en lucha contra la evasión impositiva sobre nuevas tributaciones, del gasto en sueldos y sevicios colectivos sobre el pago de intereses y pricipal y de preservación del ecosistema isleño sobre los afanes destructivos de lucro de muchas empresas turísticas.

Entre esas políticas, la gestión cambiaria de devaluación de la moneda nacional frente a las divisas internacionales puede cumplir un rol virtuoso si contribuye al relanzamiento de la demanda de inversión productiva, consumación popular y exportación de mercaderías, ya que resulta inaudito que las autoridades monetarias del gobierno del PLD breguen fanáticamente por revaluar el peso contra el dólar y el euro, a sabiendas de que la tasa de inflación dominicana marcha muy por delante que las de Estados Unidos y la Unión Europea y que las tasas de productividad estadounidense y europea avanzan más rápido que la de República Dominicana.

En esta coyuntura de crisis, la política cambiaria puede inclusive coadyuvar a amortiguar el triple choque exterior: rebrote actual del precio del petróleo y derivados, el inminente desmantelamiento del Acuerto Textil y Vestidos -ATV- y el ascenso constante de los tipos de interés internacionales, así como el triple choque interno: acrecentamiento de los pasivos del Banco Central en forma de certificados de inversión, el presupuesto deficitario de los gobiernos central y municipales y el desastre ocasionado por el ciclón Jeanne en diferentes zonas turísticas de República Dominicana.